La protección del lobo llega a la Audiencia Nacional

El recurso presentado por Castilla y León contra la orden ministerial del lobo ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional, que reclama al Ministerio el expediente administrativo correspondiente

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusan al Ministerio de Sanidad de improvisar las medidas de Semana Santa. EFE/ Salvador Sas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusan al Ministerio de Sanidad de improvisar las medidas de Semana Santa. EFE/ Salvador Sas

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Castilla y León, como Galicia, es una de las comunidades que se opone a la protección del lobo.

La Audiencia Nacional reclama al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la citada Orden, lo que permitirá a los servicios jurídicos autonómicos, una vez se entregue, formalizar su demanda.

Con la decisión, se inicia la tramitación de la pieza de suspensión de la vigencia de la Orden de la ministra Teresa Ribera, medida cautelar solicitada por los servicios jurídicos de la Junta para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al Norte del Duero mientras se tramita el recurso, y da traslado al Estado para sus alegaciones, antes de resolver al respecto.

El impacto del lobo en el sector ganadero

El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco asegura que «trata de evitar que se perjudique la situación de los ganaderos», que son la verdadera «víctima» de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica debido a un régimen a su juicio «excesivo» de protección del lobo en una Comunidad en la que en 2020 se alcanzaron las 3.157 cabezas de ganado muertas por los ataques, lo que arroja una media de mas de ocho cada día del año.

La Junta ha señalado que la Orden perjudica al sector agrario de Castilla y León, una Comunidad eminentemente ganadera, que aporta un 51% del peso de la producción agraria en la Comunidad frente al 36% que supone en el resto de España, 15 puntos más. Además de su importancia económica, la ganadería también es esencial para el asentamiento de la población en el mundo rural, más que ningún otro sector agrario.