Derechos digitales: papel mojado si no hay valor para aplicarlos

¡Ey Tecnófilos!, ¿qué está pasando por ahí?

A estas alturas del siglo XXI, el que aún piense que lo digital es una “segunda realidad” vive en un Matrix particular del que debería desconectarse cuanto antes. Hoy lo digital no es complemento, es hábitat. Y como tal, necesita reglas, límites y, sobre todo, derechos. Lo que está en juego no es una cuestión técnica: es ética, jurídica y política. Por eso resulta tan revelador (y preocupante) el artículo publicado ayer en La Voz de Galicia sobre el Observatorio de Derechos Digitales impulsado por el Gobierno y en el que participa, entre otras entidades, la Universidade de Santiago de Compostela.

Pongamos las cartas sobre la mesa: este observatorio nace con muy buenas intenciones. Proteger a los menores, garantizar la identidad digital, asegurar la privacidad, blindar el derecho a la información o evitar la discriminación algorítmica son objetivos tan loables como imprescindibles. El problema no es lo que se dice, sino lo que no se hace.

Mucho comité, poca acción

Cuando uno ve que hay más de 150 entidades involucradas, desde fundaciones a universidades, pasando por observatorios internacionales, empieza a oler a burocracia rancia. A ese tipo de estructuras que tardan meses en publicar un informe… que nadie lee. A esos organismos que están más preocupados por la foto que por el impacto. Mientras tanto, las grandes tecnológicas siguen haciendo lo que les da la gana, los bulos corren más que la fibra óptica, y los algoritmos deciden lo que vemos, lo que creemos… y lo que votamos.

¿Dónde están los mecanismos de acción rápida? ¿Dónde las auditorías independientes y vinculantes para los sistemas de IA? ¿Dónde las sanciones ejemplares a las plataformas que vulneran derechos sistemáticamente? Señores, el derecho sin capacidad ejecutiva no es justicia: es literatura.

Derechos sin coraje son papel mojado

Se nos llena la boca hablando de “derechos digitales”. Perfecto. Pero si esos derechos no están acompañados de valentía política y operativa para enfrentarse a los verdaderos problemas (la censura velada de las plataformas, la mercantilización de los datos personales, el acoso masivo, la desinformación institucionalizada, la discriminación automatizada), entonces no valen nada.

Es como redactar una Constitución para un país que no existe. O lo que es peor: para un país que existe pero al que nadie se atreve a gobernar.

¿Alguien se atreverá con los intocables?

Ese es el verdadero test de estrés del observatorio: no si organiza congresos, sino si es capaz de meterle mano a Meta, a Google, a TikTok, a Amazon… O incluso al propio Estado cuando cruza ciertas líneas. ¿Tendrán el coraje de decirle a una Administración que está abusando de la videovigilancia con IA sin garantías legales? ¿O de exigir transparencia cuando una plataforma banea a usuarios por criterios opacos?

Porque una cosa es crear leyes, y otra muy distinta es aplicarlas cuando hay poder en juego.

El futuro ya no es digital. Es presente.

La velocidad a la que avanza la tecnología no nos va a esperar. Y aunque aplaudamos el nacimiento de estos observatorios como una necesidad urgente, si no se acompañan de músculo normativo, capacidad ejecutiva y cero tolerancia al abuso, serán una anécdota simpática en los archivos de la Historia.

Europa ya llega tarde en demasiadas cosas. En esta, al menos, que no lo haga por cobardía. Defender los derechos digitales no es un gesto progresista. Es una obligación democrática. Y como siempre digo: tecnologizarse o morir. También en el terreno de los derechos.

¡Se me tecnologizan!