Hosteleros protestan ante la residencia oficial del presidente de la Xunta en Monte Pío

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Cada vez que se toman medidas para frenar el avance del coronavirus, el sector de la hostelería sale perjudicado. Todos compartimos que la salud pública está por encima de cualquier interés económico, pero es fundamental que, desde las administraciones, apoyemos a quien está sufriendo más directamente las consecuencias económicas de esta pandemia.

Entre enero y septiembre de 2020, la cifra de negocio del sector hostelero gallego bajó un 45,7% con respeto al año anterior, según los datos del Anuario de la Hostelería 2020. Al cierre desde 2020, ya habían desaparecido 85.000 establecimientos hosteleros en el conjunto del Estado. Es preciso hacer frente a la crisis sanitaria pero no a costa de la desaparición de un sector fundamental para economía española y gallega. El sector hostelero en la comunidad contaba hasta el año pasado con más de 21.000 establecimientos que dan empleo a más de 66.000 personas y generaba el 4,5% de la riqueza de la comunidad. No podemos mirar para otro lado.

Es hora de que la Xunta asuma sus competencias, establecidas en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía, y apruebe un plan de rescate para la hostelería

José Manuel Lage Tuñas

En A Coruña, el gobierno de Inés Rey tuvo presente desde el primer momento la necesidad de tomar medidas para paliar los efectos de la crisis en este sector, aprobando ayudas para el pago de autónomos, de la Seguridad Social y del alquiler, eximiendo a los hosteleros del pago de las tasas de terrazas y aplicando descuentos del 50% en los recibos de la basura, agua y saneamiento durante los días de limitación de actividad y del 100% ante los posibles cierres.

Pero los ayuntamientos no podemos asumir por nosotros mismos el coste de la recuperación, porque no somos las administraciones competentes ni contamos con recursos para ello. Hasta el momento, en A Coruña, fue el Ayuntamiento (junto a la Diputación Provincial) el único que tomó decisiones, también en el económico, para aliviar la situación del sector, pero es hora de que la Xunta asuma sus competencias, establecidas en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía, y apruebe un plan de rescate para la hostelería que minimice los estragos económicos en el sector. Llegará tarde, pero cuanto antes se tomen las medidas precisas, antes seremos capaces de evitar que el daño al sector sea irreversible.

Los ciudadanos estamos deseando que todo esto finalice. Que tengamos salud y podamos volver a juntarnos con los amigos y amigas alrededor de una mesa. Pero para eso es preciso que la Xunta actúe y ayude con sus acciones a evitar el cierre de cientos de locales que están en riesgo.

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