El Gobierno lleva al Supremo la indemnización a los Franco por Meirás

La Xunta está estudiando "si procede o no" unirse al Gobierno y presentar un recurso contra este fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña

Pazo de Meirás, situado en el concello de Sada y antigua propiedad de la familia Franco | EFE

Pazo de Meirás, situado en el concello de Sada y antigua propiedad de la familia Franco | EFE

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El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratifica que el Pazo de Meirás es de patrimonio público y ordena que se indemnice a la familia Franco por los gastos contraídos desde 1975.

En un comunicado, el Gobierno ha aclarado su conformidad con la primera parte de la sentencia, que cataloga como patrimonio público el inmueble, pero difiere con la decisión de compensar económicamente a los Franco porque «reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble».

El Gobierno ha decidido recurrir la sentencia pues, en su opinión, «la eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio».

La Xunta estudia el caso

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya confirmó este lunes que la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta estaban estudiando conjuntamente «si procede o no» presentar un recurso contra el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratificó que el pazo de Meirás es del patrimonio público, pero condenó al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

La sentencia condena a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, pero al mismo tiempo les reconoció el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio. Los jueces descartaron «mala fe» en la posesión por parte de los demandados porque nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y «llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños».

Economía Digital Galicia

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