La Xunta elige la oferta más barata para la gestión de las residencias donadas por Amancio Ortega

Política Social propone adjudicar el servicio a la Fundación Fesán al ofertar la mayor rebaja sobre el precio por plaza, aunque tiene una peor valoración técnica que otra de las licitadoras

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Política Social, Fabiola García; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, durante la entrega de la residencia de O Castiñeiriño

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Política Social, Fabiola García; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez, durante la entrega de la residencia de O Castiñeiriño

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La Consellería de Política Social ha propuesto que la Fundación De Estudos e Análises (Fesán) se encargue de la gestión de las dos primeras residencias de ancianos donadas por Amancio Ortega que entrarán en funcionamiento, la de Santiago y la de Lugo. La entidad obtuvo la mayor puntuación en el concurso que puso en marcha la Xunta tras descartar la gestión directa de los centros.

La clave en el proceso de adjudicación estuvo en el precio. Fesán propuso una rebaja sobre la tarifa máxima fijada en los pliegos de más de 7 euros por plaza, mientras que sus dos competidoras en el concurso no llegaron tan lejos. La Fundación Gerón, una entidad social andaluza, ofertó el precio máximo, 62,40 euros por plaza; mientras que Fundación Valdegodos presentó una oferta de 59 euros, es decir, con una rebaja de 3,40 euros.

La confección del concurso por parte del departamento que dirige Fabiola García otorgó un fuerte peso al apartado económico, que decidió el 40% de la puntuación. Los 55 euros por plaza propuestos por Fesán le valieron para conseguir 40 de los 100 puntos posibles y acabar el proceso de valoración con la puntuación más alta de todas las licitadoras, a pesar de no presentar la mejor oferta técnica ni tampoco tener el mejor ratio de personal en el servicio de atención residencial. Gerón fue la mejor en este último apartado y Valdegogos, de manera destacada, en el modelo de gestión, en el que se valoraba principalmente la metodología de intervención con los usuarios y, por otro lado, un plan de formación continua para los trabajadores.

El cómputo final de los distintos apartados dejó en cabeza a Fesán, que a la espera de los requerimientos ordinarios de documentación adicional, será previsiblemente la adjudicataria del servicio, cuyo presupuesto de licitación ascendía a 10,9 millones por un periodo de dos años.

Estos son solamente dos de los siete centros de atención a mayores donados por la Fundación Amancio Ortega, que destinará unos 180 millones a construir una residencia en cada ciudad gallega. Las instalaciones elevarán en unas 900 plazas la red pública de la Xunta, que a pesar de gestionar otros centros de manera directa, decidió privatizar el servicio en los construidos por el fundador de Inditex.

Sin ánimo de lucro, pero con margen de beneficio

El Gobierno gallego enfocó el concurso a lo que denominó una «gestión social», que equivalía a limitar procedimiento a entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro, de ahí que fueran tres fundaciones las que presentaran oferta. Sin embargo, los pliegos sí que contemplan un margen de beneficio del 5% para la concesionaria del servicio.

Fesán es una vieja conocida de la Xunta y fue incluso protagonista de acalorados debates parlamentarios por el volumen de contratos que el Gobierno gallego le entregó. Según publicó La Opinión, en los primeros cuatro años de Alberto Núñez Feijóo, entre 2009 y 2013, recibió casi 10 millones procedentes principalmente de la Consellería de Traballo, a través de fondos de formación, y del Consorcio Galego de Benestar, para todo tipo de programas, desde emigrantes retornados a centros de día o escuelas infantiles.

La entidad, que tuvo entre sus impulsores al ex diputado del PP Jaime Rodríguez Arana, fue investigada por el Consello de Contas tras detectar irregularidades en algunos cursos de formación para parados. Sin embargo, el organismo fiscalizador acabó archivando las diligencias, lo que sirvió de argumento a los populares para tumbar la comisión de investigación que promovía la oposición en el Parlamento.

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