La receta de José Tomé contra la despoblación: empleo, movilidad y servicios públicos

El presidente de la Diputación de Lugo defiende una revisión de la financiación local y recuerda que sin escuelas o servicios médicos es imposible fijar población

José Tomé participa en la V Conferencia de Presidencias de Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares

José Tomé participa en la V Conferencia de Presidencias de Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares

Uno de los grandes retos que afrontan las políticas públicas es el demográfico, el intento de dinamizar económicamente el rural para fijar población y frenar el desequilibrio territorial. Esta problemática se abordó en la V Conferencia de Presidencias de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares que acoge la ciudad de Valencia bajo la organización de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, participó este viernes en el encuentro para demandar una revisión del sistema de financiación local y defender la importancia de los servicios públicos, que considera “esenciales” para afrontar el reto demográfico.

El presidente provincial subrayó que “hay que actuar en, por lo menos, tres ejes fundamentales: los servicios públicos, el empleo y la movilidad, además de la conectividad del territorio«, diseñando «políticas públicas transversales para favorecer el equilibrio territorial».

La responsabilidad de las políticas públicas

En relación a los servicios públicos, Tomé defendió que «los elementos básicos para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida son la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a los mayores». «Sin escuelas infantiles, servicios médicos, residencias y centros de día resulta imposible fijar población en el rural», aseguró.

Garantizar esos servicios no solo es clave para evitar el abandono, sino que también es un mandato constitucional. En palabra de Tomé, «si no se garantiza la universalidad y gratuidad de los servicios públicos para toda la ciudadanía, se incumple el mandato constitucional y se planta la semilla del abandono en el rural».

Innovación y medio ambiente

En cuanto al empleo, el dirigente lucense destacó la importancia de apostar «por el empleo femenino y juvenil» y en apostar «por políticas de empleo que conjuguen las posibilidades de las nuevas tecnologías y el I+D universitario con el acervo de saberes tradicionales que acumula el rural«, así como por el medio ambiente, «convertido en el mejor aliado
de un turismo de calidad, no masificado, que valora las experiencias y tiende a repetir la visita».

Respecto al tercer eje, al de la movilidad, intó a garantizar «la accesibilidad del territorio», que ha recordado además que las diputaciones «soportan un coste económico de amplias redes de carreteras, que en el caso de la provincia supera los 4.000 kilómetros, la más extensa de una Diputación en España».

Cooperación entre ayuntamientos

El responsable de la Diputación de Lugo también puso en valor el apoyo de las diputaciones a los ayuntamientos, «clave para frenar la despoblación». «Luchar contra el reto demográfico es una tarea costosa, en sentido literal del término, y también en lo que se refiere a la planificación de las estrategias. Es una tarea que los ayuntamientos no pueden asumir por sí solos y que logrará pocos frutos si actúan de modo aislado», comentó.

En este sentido, Tomé apuntó hacia «competencias impropias» que las administraciones locales «soportan desde el inicio de la democracia» y que son «la causa de la pérdida de población».

El Presidente abordó el Plan Único de Cooperación con los Ayuntamientos de la Diputación lucense con el que se garantiza «una aportación de fondos distribuidos con criterios públicos y objetivos, y que, respetando la autonomía local, les ayudan a sacar adelante obras y servicios, muchos de ellos esenciales.

Las medidas de la Diputación de Lugo

Por último, Tomé Roca ha explicado algunas de las medidas de la Diputación para hacer frente al reto demográfico como son centros públicos de atención a los mayores en marcha en el rural, «un modelo asistencial que garantiza la atención próxima y de calidad, además crear un empleo sostenible».

La Diputación dispone actualmente de siete residencias públicas, con más de 200 usuarios y unos 180 trabajadores, de los que el 95% son mujeres. Este año abrirá otros dos centros más, además de seguir trabajando en otros nueve proyectos.