Alcoa cambia de estrategia y propone ahora quedarse en San Cibrao un año más

La multinacional ofrece un año de margen al Gobierno para que garantice un precio energético competitivo a cambio de mantener el empleo hasta julio de 2022 e iniciar después un nuevo proceso de venta

Manifestación en Lugo para reclamar una salida industrial viable para Alcoa San Cibrao. EFE/Brais Lorenzo

Manifestación en Lugo para reclamar una salida industrial viable para Alcoa San Cibrao. EFE/Eliseo Trigo

Otra vuelta de tuerca para la planta de Alcoa en San Cibrao. La multinacional norteamericana ha puesto sobre la mesa una contrapropuesta después de que el Gobierno español rechazara triangular el proceso de venta de la factoría a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la única opción que hasta el momento contemplaba la compañía al margen del cierre de las instalaciones.

Ahora, sin embargo, cambia la estrategia y abre la puerta a continuar en las instalaciones hasta el 31 de julio de 2022, preservando la actividad y el empleo hasta entonces. Alcoa adquiriría este compromiso y el de, una vez superada esa fecha, iniciar un nuevo proceso de venta para encontrar un inversor que dé continuidad a la producción de aluminio en Lugo, sin necesidad de que la SEPI ejerza de intermediaria adquiriendo primero la planta.

Alcoa exige un precio de la energía garantizado

La contrapartida que pide el grupo de Roy Harvey, que se reunió hace diez días en Pittsburgh con la ministra de Industria, Reyes Maroto, es que el Ejecutivo garantice un precio competitivo y estable de la energía para la fábrica antes de abrir el nuevo proceso de venta, para lo que dispondría de ese año de margen.

“Alcoa mantendría las operaciones de la planta y no iniciaría el despido colectivo hasta el 31 de julio de 2022 en caso de que el Tribunal Supremo fallara a favor de Alcoa antes de esa fecha. Este plazo de un año se emplearía para abordar los problemas energéticos de la planta de aluminio primario y obtener un precio de energía garantizado”, explica la compañía.

Este plan cambia totalmente el escenario y pone el foco en el marco regulatorio y en los acuerdos de venta de energía a largo plazo (PPA), mientras quedaría en nada el proceso de venta actual, atascado por la espantada de la SEPI de la operación.

El Estado garantizaría la solvencia de un potencial comprador

De salir adelante la propuesta, el primer paso sería la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) antes del 15 de septiembre de 2021 entre el Gobierno, la Xunta, la empresa y la representación de los trabajadores.

Alcoa se comprometerá a realizar “un nuevo proceso de venta directa con potenciales compradores tras la confirmación expresa de su solvencia a través de instrumentos del Estado”, conforme ofreció la Ministra a Harvey. Este proceso de venta, sin embargo, “solo se llevaría a cabo una vez que esté garantizado el suministro de energía a un precio que permita a la planta ser competitiva a largo plazo”.

Dos líneas de trabajo

La multinacional pide también trabajar “en paz social” hasta el 31 de julio de 2022, es decir, sin huelga, y hacerlo en dos líneas: poner a disposición de la planta de San Cibrao un suministro competitivo de energía eléctrica renovable a partir del 1 de enero de 2023; y establecer un marco regulatorio que permita, en combinación con el punto anterior, garantizar un precio final competitivo para la planta a partir de esa misma fecha.

Estes objetivos, dice Alcoa, requerirían del trabajo conjunto de Xunta, Gobierno, multinacional y empresas suministradoras. “La propuesta evita riesgos potenciales, tanto para los trabajadores como para la Compañía, asociados a vender una planta que no es competitiva. La venta previa de las plantas de Avilés y La Coruña, que fue respaldada por el Gobierno español y apoyada por los representantes de los trabajadores, generó numerosos problemas a raíz de que el comprador vendió las plantas a un tercero sin el conocimiento o consentimiento de Alcoa”, dice la multinacional.