La jueza echa a Riesgo y pone a un administrador judicial en las antiguas plantas de Alcoa

La Audiencia Nacional ha nombrado un administrador judicial para Alu Ibérica, las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. La jueza María Tardón toma esta medida para «proteger a acreedores y plantilla» ante los indicios de despatrimonialización fraudulenta que provocaron la investigación y la detención, con posterior puesta en libertad, de la cúpula de Grupo Industrial Riesgo, actuales propietarios de las factorías.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 concreta en un auto del 27 de julio que «las sociedades intervenidas han incumplido de forma reiterada los requerimientos de información realizados por la intervención judicial, así como los contenidos de forma directa en el auto de fecha 27 de abril de 2021, en aspectos que resultan esenciales para conocer la real situación de las empresas».

Por ello, encarga al administrador judicial, el gallego Ramón Juega Cuesta, a emitir un informe en un periodo máximo de dos meses desde su toma de posesión sobre la “solvencia real” de las empresas.

Gestión caótica y desordenada

La resolución judicial es un duro golpe para Riesgo, el grupo que adquirió al fondo suizo Parter las plantas, no solo porque este se opusiera a la administración judicial, sino también porque el auto califica de “caótica y desordenada” su gestión. Indica que  las sociedades intervenidas no disponen de procedimientos formalizados y de controles internos que permitan dar «una seguridad razonable en el ejercicio de las funciones de intervención judicial».

Añade que «se han detectado indicios de falsedad en determinados documentos remitidos a los interventores, así como contradicciones en las manifestaciones realizadas por los gestores de las sociedades intervenidas».

«Las sociedades intervenidas han aprobado numerosos actos y operaciones sin la preceptiva autorización judicial y/o de los interventores judiciales, incumpliendo adicionalmente otros requisitos establecidos en el auto de intervención judicial», añade el fallo.

Todo lo anterior, incide, «hace que cualquier labor de intervención judicial resulte ineficaz para la consecución de la finalidad encomendada por el citado auto de 27 de abril de 2021».

Riesgo es un «riesgo»

Asimismo, considera que la continuidad de los actuales administradores en la gestión de las sociedades intervenidas «puede suponer un riesgo para la protección del patrimonio de dichas sociedades».

Justamente para «asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores de dichas sociedades», ve «necesaria la sustitución de la medida cautelar de intervención judicial por una medida cautelar de administración judicial que remueva a dichos administradores de sus actuales responsabilidades«.

Alu Ibérica ya ha anunciado un recurso contra esta medida después de solicitar una aclaración del auto. En todo caso, en un comunicado emitido hace pocos días, cargaba contra la posibilidad de una administración judicial advirtiendo que causaría daños irreversibles y que reclamaría daños y perjuicios.