Ayuso simplifica la tramitación de vivienda protegida pero el sector alerta del precio del suelo
La declaración responsable sustituye autorizaciones que demoraban meses, aunque fuentes del sector denuncian que las subastas de suelos de vivienda protegida hacen inviables muchas promociones
Montaje realizado por Economía Digital.
Comentarios
El proyecto del nuevo reglamento de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid introduce una revolución silenciosa en la tramitación administrativa: la declaración responsable sustituye a autorizaciones que podían demorarse meses, permitiendo que los promotores obtengan la calificación definitiva de forma casi inmediata, según ha podido conocer este medio.
Sin embargo, fuentes del sector consultadas por ECONOMÍA DIGITAL advierten de que la simplificación burocrática choca con una contradicción de fondo: los grandes tenedores venden suelo a precios que hacen inviable desarrollar vivienda protegida cumpliendo los límites de renta establecidos.
La agilidad administrativa constituye uno de los ejes vertebradores del nuevo reglamento publicado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para que el sector inmobiliario haga sus propias recomendaciones.
La sustitución de trámites tradicionales por la declaración responsable del promotor promete acelerar drásticamente la obtención de la calificación definitiva y el visado de contratos, permitiendo que los compradores reciban sus llaves casi inmediatamente tras finalizar las obras.
El procedimiento anterior era kafkiano: trámites de meses, revisiones burocráticas interminables y promotores desesperados esperando autorizaciones administrativas mientras las viviendas permanecían vacías.
«La parte técnica es clave. Necesitábamos meter procedimientos más ágiles«, explica una fuente del sector promotor consultada por este diario. Ahora, el promotor se responsabiliza de que todo está en orden y la Administración verifica posteriormente. El plazo de comprobación se establece en tres meses desde la presentación de la declaración responsable.
Según el texto del decreto, presentada la declaración responsable de calificación definitiva, la Consejería competente en materia de Vivienda comprobará inicialmente en 15 días que el documento está completo y los datos son veraces.
Si se aprecian deficiencias, se requerirá al promotor por una sola vez para subsanarlas en otros 15 días. Si la declaración responsable reúne los requisitos, se procederá a la comprobación material de la actuación desarrollada en el plazo de tres meses.
Este cambio ha sido bien recibido por el sector, que lleva años denunciando la lentitud de los procesos administrativos como uno de los principales frenos a la construcción de vivienda protegida.
La simplificación no se detiene en la calificación definitiva. El nuevo reglamento extiende el sistema de declaración responsable al visado de los contratos de compraventa y arrendamiento.
Los promotores deberán presentar los títulos de acceso mediante un modelo normalizado en el que manifiesten expresamente que se cumplen las especificaciones de la calificación, que el adquirente o arrendatario cumple los requisitos de acceso y que el precio no excede del máximo establecido.
La Consejería dispondrá de un plazo máximo de seis meses para comprobar que el precio de venta cumple con lo establecido, que la renta se ajusta a los límites legales, que el adquirente o arrendatario cumple los requisitos de acceso y que los contratos contienen las cláusulas obligatorias. Transcurrido este plazo sin resolución expresa de ineficacia, se producirá la caducidad del procedimiento.
Para las viviendas destinadas a venta o uso propio, los contratos deberán presentarse con la declaración responsable de calificación definitiva o, si se celebran posteriormente, en el plazo máximo de un mes desde su suscripción. En el caso de viviendas para arrendamiento, los contratos solo podrán celebrarse tras la presentación de la calificación definitiva y deberán presentarse también en el mes siguiente a su firma.
Pero la simplificación administrativa no resuelve lo que el sector considera el principal obstáculo para impulsar la vivienda protegida en Madrid. «Quien más está especulando son las administraciones por las subastas de suelos patrimoniales», denuncia una fuente prefiere mantenerse en el anonimato. «Es una cuestión que hay que atajar«.
El problema, según explican las mismas fuentes, es estructural: los ayuntamientos y otras administraciones venden suelo patrimonial por encima del precio del módulo establecido para vivienda protegida, haciendo inviable económicamente cualquier promoción. «Se está vendiendo por encima del módulo«, insisten estas fuentes.
La ecuación es simple pero implacable. El reglamento establece que las viviendas de protección pública básica (VPPB) solo pueden alquilarse a familias con ingresos inferiores a 5,5 veces el IPREM.
Si una administración pública vende el suelo por encima del precio que hace viable una promoción con esos límites de renta, el negocio simplemente no funciona. Los promotores se encuentran en una encrucijada: o renuncian a participar en las subastas públicas de suelo o asumen pérdidas que hacen inviable mantener la actividad.
Ayuso, un reglamento ambicioso con interrogantes
El nuevo marco normativo persigue un objetivo ambicioso: incrementar la oferta de vivienda protegida mediante la agilización de trámites y la flexibilización de tipologías.
Sin embargo, los profesionales del sector señalan que sin abordar el precio del suelo público, especialmente en las subastas de terrenos patrimoniales, la construcción de nueva vivienda protegida seguirá siendo una quimera en muchos municipios madrileños.
La pregunta que queda en el aire es si la simplificación administrativa será suficiente para compensar lo que el sector considera distorsiones de precios en el mercado del suelo.
