UGT y CCOO exigen una reunión con Óscar López tras la sanción de Bruselas por la temporalidad de los funcionarios

Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública los convoque a una mesa de negociación para abordar el acceso al funcionariado, después de la sanción de 626 millones de la Comisión Europea por la temporalidad en el empleo público.

Más de un centenar de empleados públicos se han concentrado a las puertas de la sede de Hacienda en Madrid para reclamar al Ejecutivo que cumpla con el Acuerdo Marco rubricado por CCOO y UGT en 2022 y que cierre ya la subida salarial para 2025.

La concentración ha tenido lugar ante este Ministerio ya que la ahora vicepresidenta primera, María Jesús Montero, era la titular de Función Pública en el momento en el que se firmó este pacto con ambas centrales.

Los responsables de Función Pública de UGT y CCOO, Isabel Araque y Lucho Palazzo, respectivamente, han exigido que su interlocutor en el Ejecutivo, el ministro Óscar López, los convoque inmediatamente tras el varapalo de Bruselas.

“Eso es una consecuencia de no acometer los procesos de estabilización desde el compromiso de los acuerdos, de que se eternicen, de que no salgan todas las ofertas que hay y todas las vacantes”, ha criticado Palazzo.

En este sentido, el responsable de CCOO ha incidido en que acudirán a la mesa de negociación que se les convoque “para acometer este problema desde la responsabilidad”.

Por su parte, Araque ha reivindicado que ellos ya exigieron sanciones a los gestores directos que no cumplieran con los plazos de empleo público mandatados en la ley. “De aquellos polvos, estos lodos”, ha dicho la representante de UGT.

Precisamente la sanción de Bruselas se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerara insuficientes las penalizaciones en el Real Decreto-Ley de 2021 por el que se buscaba atajar la temporalidad en el empleo público.

Este compromiso formaba parte del primer pago de los fondos europeos y, al haberse revertido, la Comisión Europea decidió efectuar un embargo sobre el quinto pago por la cuantía correspondiente.

La convocatoria de la movilización se produjo la semana pasada y, fundamentalmente, se basaba en la exigencia de cumplir tres compromisos del Acuerdo Marco de 2022 en los que no ha habido avances: el desarrollo de la clasificación profesional de los empleados públicos, cuyo grupo de trabajo lleva más de un año paralizado. La derogación de la tasa de reposición del personal al servicio de las administraciones, que limita la creación de empleo público. Y también otras relacionadas con el teletrabajo en la Administración y la posibilidad de que el personal laboral y los funcionarios puedan acogerse a las jubilaciones parciales y anticipadas.

Pero, además, encima de la mesa está el acuerdo salarial. El Acuerdo Marco establecía una serie de subidas para 2022, 2023 y 2024, con cláusulas de revisión vinculadas al crecimiento económico y la inflación. El Consejo de Ministros aprobó este martes la última de revalorización del 0,5% vinculada a 2024 y que tenía que ver con la inflación en el periodo.

«Es insoportable que haya 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras que tengan el salario congelado cuando se les llena la boca diciendo que somos los campeones de Europa en crecimiento económico, cuando se les llena la boca diciendo que uno de cada cuatro empleos se generan en España de la Unión Europea», ha asegurado Palazzo.

«Hacienda sabe que no tiene problema presupuestario para acometer la subida salarial de los empleados y empleadas públicas de nuestro país», ha reclamado Araque.