Agbar aumenta la presión a Mas: denuncia a la Generalitat por 'pasar' de la sentencia del Supremo de ATLL

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PETICIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO

Cristina Farrés

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante la sesión de control del Parlament del pasado miércoles
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante la sesión de control del Parlament del pasado miércoles

en Barcelona, 06 de febrero de 2015 (17:37 CET)

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acumula desde este viernes una causa más sobre la guerra del agua: Agbar ha presentado un nuevo recurso contra la Generalitat. En esta ocasión, pide el amparo del alto tribunal catalán para obligar al Govern de Artur Mas a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona.

La compañía defiende que es el legítimo titular del contrato en un documento firmado por el prestigioso jurista Santiago Muñoz Machado, que también es miembro de la Real Academia Española (RAE) de la lengua.

Revertir la licitación


En el escrito, al que ha tenido acceso Economia Digital, indica que el Supremo rechazó las medidas cautelares solicitadas tanto por el Govern como por la concesionaria del servicio, el grupo controlado por Acciona (ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya), a principios de diciembre. Justifica que el rechazo implica echar a Acciona de ATLL y revertir el proceso de licitación hasta el momento de escoger a un adjudicatario.

La segunda súplica que hace Agbar a la sección quinta de la sala de los Contencioso-Administrativo del tribunal es que el Ejecutivo continúe con el "procedimiento con el licitador que queda con la finalidad de adjudicarle el contrato". Es decir, que deje ATLL bajo el control de Agbar.

Resolución del TSJC sobre el 'fondo' del conflicto


La compañía integrada en Suez Environnement defiende que es el legítimo gestor de la compañía porque sólo concurrieron dos empresas al concurso y la actual titular del servicio ha quedado excluida del proceso al no cumplir con el pliego de condiciones. La Generalitat discrepa en este punto.

El Govern mantiene que no está tan claro que deba romper el contrato con Acciona porque el TSJC aún no ha resuelto el recurso que presentaron en este sentido. Mas quiere esperar la sentencia para tomar una decisión definitiva. El único gesto que ha realizado tras la resolución del Supremo, especialmente dura con el Ejecutivo catalán, ha sido crear una nueva mesa de contratación para que decida cómo cumplir con la resolución del Supremo.

Falta de competencias de la mesa de contratación


Acciona y Agbar han coincidido en señalar que el nuevo órgano de contratación no tiene las competencias necesarias para tomar esta decisión. Ambas compañías han presentado escritos ante la consejería de Territorio, liderada por Santi Vila, en que se quejan de la inacción del Govern tras la sentencia del Supremo.

Los argumentos de Agbar van en línea con el recurso que han presentado ante el TSJC. Acciona, a su vez, defiende que es el legítimo gestor de ATLL y asegura que el Ejecutivo la catalán le presionó a finales de 2012 para firmar el contrato de concesión antes de que concluyera el ejercicio por los considerables problemas de tesorería que arrastraba.

La Generalitat no ha contestado a ninguno de los dos escritos.

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