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La sentencia del caso Palau que se leerá este lunes tendrá consecuencias políticas y económicas para los herederos de Convergència

Josep Maria Casas

Artur Mas cuando anunció que dejaba la presidencia del Pdecat. Una dimisión por anticipado pocos días antes de la sentencia del caso Palau. /EFE/Quique García

Barcelona, 14 de enero de 2018 (04:55 CET)

Artur Mas asegura que Convergència ya ha pagado “el precio más alto” para un partido político, que es su “desaparición”. No obstante, todavía les quedan cuentas pendientes. La sentencia del caso Palau que se hará pública este lunes determinará si su extesorero Daniel Osàcar acaba en la cárcel y si pagan una indemnización que puede alcanzar los 6,6 millones de euros. Esta sentencia sepultará definitivamente a Convergència y perseguirá a sus herederos del Pdecat e, incluso, de Junts per Catalunya. En lo político y en lo económico.

Artur Mas y su partido –la vieja Convergència y el actual Pdecat– llevan tiempo preparándose para una sentencia adversa. Cuando se haga pública este lunes, ya no quedará nadie por dimitir después de que Mas diese el “paso al lado” hace unos días como presidente del Pdecat. No sólo se apartó anticipadamente por el caso Palau, sino también por las consecuencias del caso 9N –por el que ha sido multado e inhabilitado- y por disentir de las aventuras de Carles Puigdemont en Bruselas. Ha dejado su cargo en el partido aunque mantendrá abierta su oficina de expresidente de la Generalitat, con el correspondiente sueldo.

Mas también ha anunciado que, aunque condenen a Osàcar, seguirá defendiéndole. Antes de ser tesorero de Convergència fue su secretario personal. Se profesan plena confianza. Por este motivo, una condena judicial al tesorero del partido también supone una condena moral para quien fue su presidente, aunque nunca haya figurado entre los acusados. El fiscal Emilio Sánchez Ulled elevó al final del juicio la pena solicitada para Osàcar hasta los ocho años de cárcel. Este último nunca ha reconocido las acusaciones.

También está en juego el patrimonio del partido. La fiscalía acusó a Convergència y a la formación que le haya sucedido como responsable civil a título lucrativo por financiarse ilegalmente del Palau de la Música. Les reclama 6,6 millones de euros. Más del doble de la fianza de 3,2 millones de euros que en su día avalaron mediante bienes inmuebles.

La sede central del Pdecat de la calle Provenza de Barcelona está a la venta. Se mudaron a estas instalaciones hace tan sólo un año y medio después del congreso de fundación del nuevo partido. Por cierto, el propietario del inmueble es la vieja Convergència, que en la actualidad es poco más que una entidad patrimonial. Posee decenas de locales. En previsión de una millonaria condena judicial, encargaron un informe para planificar la venta de sus inmuebles. No obstante, aún no han conseguido un comprador para el edificio de siete plantas donde tienen su cuartel general.

Con el caso Palau no se acaban los problemas para los herederos de CDC: después viene el caso del 3%

En lo político, han dispuesto cortafuegos para evitar que el incendio llegue a la actual dirección del Pdecat y al mismísimo Puigdemont. Ninguno de los actuales dirigentes, empezando por Marta Pascal y David Bonvehí, tenía responsabilidades en Convergència cuando llegaban las supuestas comisiones de Ferrovial a través del Palau de la Música. No obstante, el fiscal Sánchez Ulled recuerda que son sus herederos, al menos por lo que se refiere a pagar la deuda económica.

Puigdemont ha montado el último cortafuego con Junts per Catalunya. No quiere saber nada de Convergencia, pese a que fue diputado y alcalde de Girona por este partido. En la última legislatura, el entonces presidente de la Generalitat hizo todo lo que estuvo en su mano para impedir que el Consorci del Palau de la Música –participado por la Generalitat- no formulara acusaciones contra Convergència.

A este caso se le llamó Palau cuando es más apropiado denominarlo Convergència. Entre los quince acusados que han sido citados este lunes al Palacio de Justicia para la lectura de la sentencia se encuentran cinco proveedores que, según la fiscalía, facturaron trabajos ficticios al Palau de la Música cuando en realidad eran para el partido. Se trata de Miguel Giménez-Salinas, Juan Manuel Parra, Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz y Juan Antonio Menchén. El primero es publicista y los cuatro últimos eran directivos de empresas de buzoneo electoral.

Ferrovial se juega quedar retratada como la patrocinadora de Convergencia

También estarán los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga. La fiscalía, la UDEF y la Agencia Tributaria mantienen que los patrocinios que la constructora madrileña –cerca de once millones de euros- entregó al Palau acabaron a las arcas de Convergència. Argumentan que no eran tales patrocinios, sino comisiones por la adjudicación de obra pública. El problema de los directivos de Ferrovial es que Fèlix Millet, Jordi Montull y la hija de este, Gemma Montull, confesaron los supuestos pagos de la constructora al partido. Así rebajaron las penas que les pedía el fiscal.

Otro grupo de acusados lo forman los responsables y asesores del Palau de la Música que estaban a las órdenes de Millet y de los Montull empezando por Rosa Garicano, la exdirectora. Este lunes conocerán la sentencia.

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Caso Palau
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