Ada Colau (centro) con la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz (derecha).

Colau rescindirá el contrato de las Glorias sin apoyos políticos

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Colau apuesta por liquidar el contrato a la UTE liderada por Comsa, investigada por el caso del 3%, que pide 23 millones adicionales para acabar el túnel

24 de abril de 2017 (19:55 CET)

Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, puso este lunes sobre la mesa dos opciones para solucionar el fiasco de las obras del túnel de la plaza de las Glorias: la modificación del contrato y la rescisión. Apostó claramente por esta última, aunque todas las fuerzas de la oposición –con la única excepción de la CUP- evitaron darle apoyo político. Consideran que sería como entregarle un cheque en blanco.

El túnel de las Glorias acumula 19 meses de retrasos y unos sobrecostos de 12 millones de euros. Sanz indicó que se ha ejecutado el 60% del proyecto y, por lo que les ha comunicado verbalmente la dirección de obras, los sobrecostes podrían alcanzar finalmente los 23 millones de euros. No está dispuesta a asumirlos por superar los límites legales establecidos. En su opinión, no queda otra salida que rescindir el contrato para volverlo a adjudicar aunque esto ocasione nuevos retrasos y, según la oposición, una probable judicialización.

No obstante, la decisión de rescisión no corresponde a la comisión de Urbanismo, que este lunes abordó el debate sobre el túnel de las Glorias, ni siquiera al pleno, sino a Bimsa, el gestor municipal de infraestructuras que adjudicó en 2015 este proyecto. Ángel Sánchez, director general de Bimsa, confirmó que la rescisión de las obras comportará paralizar los trabajos durante más de nueve meses. Apuntó que una nueva adjudicación retardará el inicio los trabajos a enero de 2018 y su finalización dos a enero de 2020.

Peligra la candidatura de la sede de la Agencia Europea del Medicamento

Jordi Martí Galbis, concejal de CiU, advierte que la rescisión del contrato con la UTE que ejecuta las obras puede derivar en una judicialización de imprevisibles consecuencias. Además, si no se acaban pronto los trabajos, puede estar en peligro la candidatura de Barcelona para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento, para la que se ha ofrecido la torre Agbar, situada al lado de la plaza de las Glorias. Insistió en que lo más importante es no paralizar las obras.

Túnel de las Glorias: la oposición recuerda a Ada Colau que ha reaccionado con dos años de retraso

Santiago Alonso, de Ciudadanos, no está dispuesto a conceder un “cheque en blanco” al gobierno de Colau. Indicó que su grupo no serán “comparsas de la ineficacia de otros”. En este sentido, preguntó porqué el gobierno del convergente Xavier Trias tenía tanta prisa en adjudicar el proyecto, ahora investigado en el caso del 3%, y porque el equipo de Colau ha tardado dos años en darse cuenta que no era viable.

Alfred Bosch, de ERC, preguntó a Sanz que ha estado haciendo estos dos últimos años en los que se ha realizado el 60% de las obras. En su opinión, el equipo de gobierno de Colau no ha actuado con la debida diligencia.

El PP recuerda que la decisión corresponde a Bimsa

El concejal popular Xavier Mulleras planteó una cuestión previa al advertir que la comisión de Urbanismo no podía acordar la rescisión del contrato. Esta decisión corresponde a la empresa municipal Bimsa, que fue la que realizó la adjudicación. Precisamente, el consejo de Bimsa estaba reunido al cierre de esta información aunque la rescisión no figuraba en la orden del día, según precisó Mulleras. Este concejal apuesta por continuar las obras. “¿Qué pasa si continúan las obras?, nadie nos ha informado de ello”, le espetó a Sanz. Pidió que, si se rescinde el contrato, el gobierno municipal adopte un compromiso político sobre el inicio y el final de las obras.

María José Lecha, de la CUP, abogó por la rescisión y por una nueva licitación. “Queremos la UTE encabezada por Copisa fuera de las Glorias, y si puede ser hoy mejor que mañana”, subrayó la concejal anticapitalista. Copisa es una de las constructoras del caso del 3%.

El anterior gobierno del convergente Trias licitó el proyecto por 80 millones de euros, aunque lo adjudicó por poco más de 60 millones, con una rebaja del 24%. Se adjudicó a una UTE formada por Rogasa, Benito Arnó, Copisa y Comsa. el juez del caso del 3%, sobre la financiación ilegal de la antigua Convergència, está investigando los expedientes del proyecto.

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