Comín se queda sin argumentos para defender la expulsión de Quirón

stop

La toma del control de Quirón por parte de la fundación Else Kröner-Fresenius-Stiftung echa al suelo las excusas que hasta ahora servían para revertir concesiones públicas

Economía Digital

El consejero de Salud catalán, Antoni Comín, en el Palacio de la Generalitat / EFE / Marta Pérez
El consejero de Salud catalán, Antoni Comín, en el Palacio de la Generalitat / EFE / Marta Pérez

Barcelona, 17 de septiembre de 2016 (01:00 CET)

El consejero catalán de sanidad, Antoni Comín, deberá adaptar el discurso político como consecuencia de una de las mayores operaciones corporativas registradas en Europa dentro del sector sanitario. Las discusiones en Cataluña sobre la idoneidad de la colaboración privada en los servicios públicos de asistencia arreciaron con la llegada del actual gobierno autonómico.

Comín puso en el punto de mira hospitales privados del área de Barcelona para representar su defensa de la sanidad pública. En realidad, estaba cediendo a los socios antisistema del Ejecutivo catalán. La escenificación se correspondió con los respectivos gestos: hospitales como Clínica del Vallès y el Hospital General de Catalunya fueron expulsados de la red pública. El icónico Sagrat Cor sería el siguiente de la lista.

El consejero autonómico de sanidad justificó que ninguna entidad con afán de lucro puede prestar servicio en el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT). Los pactos para la formación del gobierno catalán –con el partido anticapitalista CUP clave para que Junts pel Sí lograra la investidura— obligan a la expulsión de las entidades privadas de la sanidad pública.

Fue precisamente el antecesor de Comín, Boi Ruiz, quien adjudicó los contratos ahora rescindidos. Ruiz representó a CDC, una de las dos formaciones aliadas hoy en Junts pel Sí.

La complejidad del modelo sanitario

El modelo catalán es complejo. Integra en la red pública, y financiada por el erario, a 60 centros sanitarios de varias titularidades (públicos y privados). Por un lado, el Instituto Catalán de la Salud (ICS), que gestiona ocho grandes hospitales de titularidad pública. Del otro, hay centros que son propiedad de entidades privadas sin ánimo de lucro, órdenes religiosas, consorcios o empresas privadas, como Quirón Salud.

Es esta última empresa la que la CUP quería ver fuera del sistema y la que Comín mantiene en vilo por pertenecer a un fondo de capital riesgo británico. Pero el escenario ha cambiado. Quirón Salud, tras la adquisición de la compañía por parte del grupo alemán Fresenius, dejó de ser propiedad del capital riesgo. Fresenius Helios, nueva matriz de Quirón Salud, es una de las cinco marcas del grupo Fresenius. El accionista principal de Fresenius, a su vez, es la fundación sin ánimo de lucro Else Kröner-Fresenius-Stiftung.

Por tanto, el grupo líder de la sanidad privada española está ahora en manos, en última instancia, de una fundación sin ánimo de lucro. La Else Else Kröner-Fresenius-Foundation, fundada por Elsa Kröner (presidenta de Fresenius durante 42 años) en 1983, es una potente fundación dedicada al apoyo de la investigación médica y proyectos de desarrollo médico-humanitarios. La Else Kröner-Fresenius-Stiftung ha apoyado unos 1.300 proyectos por un valor total de 200 millones de euros.

Nuevas cesiones ante los antisistema

La nueva propiedad de Quirón desmonta los argumentos políticos en los que el gobierno autonómico basa la ruptura de concesiones aprobadas en la anterior legislatura. Artur Mas, quien inspiró Junts pel Sí, y su consejero de sanidad dieron entrada a la participación privada para ganar eficiencia, según explicaron ambos políticos en su día en sede parlamentaria. La influencia de las fuerzas antisistema ya han costado a la red la pérdida de los hospitales más eficientes, según datos oficiales.

En círculos parlamentarios se preguntan ahora cómo podrá Comín justificar las nuevas cesiones sanitarias ante la CUP.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad