¿Cuánto vale la incineradora Ecoparc?

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POLÉMICA

11 de enero de 2013 (21:56 CET)

¿Por qué la planta incineradora Ecoporac de Constantí (Tarragona) vale 42 millones de euros? Tanto PSC como ICV han enviado al Parlament sus dudas sobre la tasación realizada para la planta de tratamiento de residuos industriales, que la Generalitat pretende privatizar, en sus respectivas baterías de preguntas al Govern.

Ambos partidos encuentran muy pocas respuestas en el pliegue de condiciones del departamento de Territori i Sostenibilitat, liderado por el conseller Santi Vila. De hecho, el documento sólo indica que el precio se ha establecido considerando "que la empresa pública no tendrá activos líquidos o equivalentes ni financiación bancaria en el momento de la transmisión de las acciones a favor de la adjudicataria". Ni rastro de cómo se ha elaborado la tasación que ha fijado en 33.000 euros las 1.275 acciones.

Terrenos adjuntos


Además, el pliegue tampoco especifica si la venta de las acciones de la sociedad conlleva también la de los terrenos de propiedad pública adjuntos a la incineradora, donde se debía realizar instalaciones complementarias de carácter energético, como indica ICV en una de sus preguntas. En principio, estos equipamientos formaban parte de los diferentes acuerdos firmados entre la Generalitat y la población como medidas compensatorias.

Desde su creación a mediados de la década de los 90 como una respuesta a las necesidades del sector químico de Tarragona, la Generalitat ha invertido cerca de 96 millones de euros en el proyecto. Por eso, los diputados Xavier Sabaté (PSC) y Hortensia Grau (ICV), encargados por sus respectivos partidos de ocuparse de esta privatización, aseguran que se está malvendiendo el activo para hacer caja. De hecho, ambas formaciones también se preguntan en su batería de cuestiones por qué motivo se ha decidido iniciar el proceso.

Único criterio: el beneficio

En este sentido, el PSC recuerda que desde su construcción, y, sobre todo durante su funcionamiento el Ecoparc debería estar en manos de la Generalitat para "asegurar que el objetivo principal de la actividad fuera la eliminación de residuos industriales de nuestro país en condiciones seguras y no el beneficio económico". Curiosamente, el pliegue de condiciones especifica que en la adjudicación del activo sólo se tendrá en cuenta la oferta económica. Por ello, los socialistas piden mantener la titularidad pública o como mínimo la mayoría de acciones en una empresa mixta.
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