El Constitucional suspende la ley catalana contra los desahucios

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El alto tribunal admite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy y da el golpe de gracia a la parte de la Ley de emergencia social que obligaba a las entidades financieras a ceder sus pisos vacíos

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional / EFE

Barcelona, 31 de mayo de 2016 (12:49 CET)

Golpe de gracia a la ley catalana contra los desahucios. El Tribunal Constitucional ha admitido este martes el recurso del ejecutivo central y ha suspendido buena parte de la Ley de emergencia social impulsada por el Govern.  

El alto tribunal inhabilita así los artículos referidos a las medidas de segunda oportunidad (gestión de una vivienda alternativa a las familias desahuciadas) y la obligación de las entidades financieras a ceder pisos vacíos. El Gobierno de Mariano Rajoy no impugnó los puntos enfocados a paliar la pobreza energética de las personas más vulnerables.

Se abre ahora la incógnita sobre cuál será la reacción de la Generalitat, después de que los diferentes niveles de la administración implicados en la problemática de la vivienda –incluido el ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau—junto a varias plataformas ciudadanas amenazasen con crear una nueva norma en el caso de que el Constitucional suspendiese la actual, como finalmente ha ocurrido.

Falta de competencias

Los argumentos del Partido Popular en el recurso se basaban en la falta de competencias por parte del Govern catalán, o de cualquier otra autonomía, para regular aspectos de la legislación civil y procesal.

La norma ha sido igualmente criticada por una parte del sector inmobiliario, que la ha tachado de inconsistente. "Se pretende solucionar técnicamente soluciones muy complejas", apuntaban fuentes del sector a este diario hace escasas semanas.

Sentencia definitiva

Los jueces del Constitucional disponen ahora de cinco meses para emitir una sentencia, levantar la actual suspensión o bien prorrogarla, siempre que justifiquen esta última decisión. 

Este pasado domingo, partidos políticos --entre ellos el PSC--, asociaciones independentistas y sindicatos se manifestaron por las calles de Barcelona en contra del intervencionismo del alto tribunal frente a las normas impulsadas por el Parlament
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