El nuevo 9N provoca graves tensiones en el Gobierno de Mas

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PROCESO SOBERANISTA

Duran Lleida (c), Joana Ortega (i) y Ramon Espadaler (d) / EFE

30 de octubre de 2014 (22:17 CET)

El Gobierno español lo tiene claro. La consulta del 9 de noviembre, la alternativa que planteó el President Artur Mas no se podrá celebrar, porque ofrece, incluso, “menos garantías democráticas ahora que con la primera propuesta”, según el dictamen que aprobó este jueves el Consejo de Estado.

Y esa decisión, que ya esperaba el Gobierno de Artur Mas, ha comenzado a provocar graves tensiones en el Ejecutivo, porque no todos los consellers estarán igual de expuestos o deberán aguantar la misma presión.

El departamento de Governació, que dirige la consellera Joana Ortega, se encarga de todo el dispositivo. En las últimas horas se ha vanagloriado de que ya han entrado en la página web, participació2014.cat hasta 201.501 personas que se han interesado por conocer el emplazamiento en el que votarán.

Profesores confusos

Pero Ortega no controla un aspecto esencial, que deja en manos de la consellera de Ensenyament, Irene Rigau. Y es que deben ser los directores de los centros de secundaria los que abrirán las puertas el 9N, y “la confusión es total”, según fuentes docentes. Son funcionarios, pero son profesores. Así que es Rigau quien debe implicarse, se asegura.

El sábado 8 de noviembre, los directores han sido llamados para que abran esos centros con el objeto de organizar todo el dispositivo. Se pide hasta tres docentes por centro, que recibirán un ordenador portátil que deberá conectarse en red para que nadie pueda votar dos veces.

El problema es que esos directores no saben qué hacer. “Hay muchas dudas, y los voluntarios son escasos”, se asegura desde uno de los centros elegidos. En el momento decisivo, de ellos dependerá en buena medida que se abran o no el domingo 9 de noviembre.

Los Mossos, en alerta

“Si el Gobierno suspende de nuevo la consulta, y está claro que las cosas van en esa dirección, muchos directores no abrirán los centros”, se asegura. Estarán en un brete, porque dependerán de dos poderes, el del Gobierno central, y el de la Generalitat, con una salvedad, y es que la legalidad estará en manos del Ejecutivo español.

Rigau, según fuentes nacionalistas, comienza a acusar el “nerviosismo”. Dependerá, en última instancia, del President Mas, aunque la consellera de Ensenyament no ha dudado en las últimas semanas en defender el derecho a decidir y la consulta del 9N.

El otro flanco, y más peliagudo aún, se sitúa en el Departament de Interior. Lo dirige el democristiano Ramon Espadaler. Fuentes nacionalistas aseguran que Espadaler no dará “ni un solo paso” que implique dejar a los Mossos d'Esquadra a los pies de los caballos.

¿Policía del resto de España?

El conseller debe garantizar el orden público. Y si recibe una orden de Fiscalía para que no se abran los colegios, los Mossos deberán respestar la decisión. El problema es que Espadaler quisiera no llegar a esa tesitura. Si el Tribunal Constitucional admite a trámite el nuevo recurso que presentará el Gobierno español, el conseller, y secretario general de Unió Democràtica, no querrá seguir con el plan del 9N, pese a la presión de Convergència y de la ANC de votar “haga lo que haga el Estado”.

En caso contrario, los Mossos cometerían un delito de desacato, y obligaría al Gobierno a disponer de los efectivos de la Policía en Cataluña, y si no son suficientes, del resto de España.

La imagen soñada

¿Cuál es la gran paradoja? ¿Es esa la imagen que desean los independentistas? Fuentes de CiU admiten que el movimiento soberanista ha jugado con esa posibilidad, y ahora podría ser una realidad. Pero, ¿ha caído el Gobierno español en esa trampa?

El Ejecutivo de Mariano Rajoy era consciente de que podía hacer el juego a los partidos de la independencia, pero tampoco podía cruzarse de brazos, según fuentes del PP. “Si se repite que la alternativa propuesta al 9N es casi como un referéndum, si se va especulando con el número de participantes, y si, además, se dice que se quiere engañar al Estado, la respuesta es obvia”, se asegura.

En manos de los democristianos

La cuestión es que en dos posiciones clave del gobierno de Mas se encuentran dos democristianos, Ramon Espadaler y Joana Ortega, que, pese a defender el 9N, han presentado sus objecciones en todo momento a que se pudiera desbordar la situación. Los dos están muy próximos a las tesis que defiende Josep Antoni Duran Lleida. Sólo Mas podría tomar una decisión para evitar que se siga adelante.

Una de las imágenes que en el Govern se destacan estos días es la del conseller de Territori, Santi Vila, contrario a que se cometa una ilegalidad, --forzando a profesores y funcionarios--, prácticamente solo en una conferencia reciente en un foro de debate. Fue el pasado miércoles 22, cuando en el foro sólo le acompañó, como miembro del Govern, Ramon Espadaler. Nadie más.

¿Se plantarán ellos antes de que los propios directores de los centros educativos se nieguen a abrir los institutos si la consulta es ilegal?
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