El Supremo golpea la mesa de diálogo de Sánchez y Torra

Cada vez es más complicado que la mesa de diálogo soberanista entre Gobierno y Generalitat se reúna. Ya era complicado por el interés de Carles Puigdemont en torpedearla y ahora lo es más después de que el Tribunal Supremo haya revocado el régimen de semilibertad que disfrutaba la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, lo cual abre la puerta de par en par a que el resto de políticos presos del 1-O también pierda esta condición.

La decisión del Supremo cayó como un jarro de agua helada a los políticos presos y llenó de dudas a los defensores de la mesa de diálogo en el frente soberanista. «Todo lo que afecta negativamente a los presos, resta. Va mal para la mesa», asumieron fuentes soberanistas del lado republicano que, si bien asumen que las conversaciones entre Gobierno y Generalitat sobre el «conflicto catalán» se están envenenando, se resisten a darlas por inviables.

El vicepresidente de la Generalitat y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, mantiene la intención de seguir adelante con la mesa porque en ella basa Esquerra buena parte de su estrategia, pero los políticos presos que no son de su cuerda no lo van a poner sencillo. Tampoco el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que desde hace semanas eleva el listón de la mesa hasta lo inasumible para el Gobierno: referéndum de autodeterminación y amnistía.

El plan B de Forcadell: de Mas d’Enric a Wad-Ras

Temían los abogados de Forcadell el desenlace en el Supremo, el fin de su semilibertad, desde que el juez de vigilancia penitenciaria de Lleida remitió al alto tribunal un recurso de apelación de la fiscalía contra los permisos que disfruta en virtud del artículo 100.2 del reglamento de prisiones. Y maniobró para escapar del Supremo, pero lo hizo sin éxito.

El pasado mes de junio, a la vista de que el recurso de apelación de la fiscalía se dirigía hacia el Supremo, Forcadell se apresuró a pedir el cambio de prisión (de Mas d’Enric, en Tarragona, a Wad-Ras, en Barcelona). Alegó motivos familiares para conseguir el traslado, pero fuentes jurídicas no albergan ninguna duda de que el objetivo no era otro que huir del alcance del juzgado de vigilancia penitenciaria de Tarragona y Lleida (con sede en Lleida).

La maniobra era sencilla: desde Wad-Ras accedería de nuevo a la aplicación del 100.2 y los eventuales recursos de la fiscalía llegarían a un juzgado de vigilancia penitenciaria de Barcelona que no ha puesto impedimiento alguno en que todos los políticos presos de su jurisdicción disfruten de permisos para actividades laborales y de voluntariado.

Pero la jugada de los abogados de Forcadell no ha salido bien y el Supremo ha cambiado por completo la situación de los presos independentistas, entre otras cosas, porque ahora las reglas son otras: bastará con un recurso de la fiscalía para suspender las salidas de prisión (no era así hasta el momento). 

Sin plan C: el tercer grado

La decisión del Supremo anticipa qué va a ocurrir con el tercer grado en el que los políticos presos se encuentran clasificados desde hace pocas semanas, el cual les permite pasar los fines de semana en casa e ir solo dormir a la cárcel entre semana. El Supremo, muy probablemente, tumbará este tercer grado porque en su resolución de este jueves subraya que debe tenerse en cuenta la duración de la pena —de 9 a 13 años de prisión en el caso de los políticos independentistas presos— y no permite «anticipar, cuando no procede, la aplicación del tercer grado o el 100.2».

Fuentes jurídicas no guardan dudas acerca de que la fiscalía recurrirá el tercer grado concedido a los presos del 1-O porque, de lo contrario, el malestar interno en el Ministerio Público sería más que difícil de contener.

El plan D: a por el 86.4

Ahora bien, las posibilidades de los presos para burlar la cárcel con permisos no acaban ni con el 100.2 (taponado este jueves por el Supremo) ni con el tercer grado (que presumiblemente también acabará sin recorrido). Y subrayan las fuentes consultadas que hay otras normas del reglamento penitenciario que los políticos soberanistas pueden explorar.

El artículo 86.4 del reglamento penitenciario, por ejemplo, posibilita que los presos en régimen abierto ni siquiera acudan a dormir si aceptan un dispositivo telemático para su control. Este artículo se puede aplicar para conceder la libertad condicional cuando no se reúnen los requisitos. Existen otras posibilidades y no hay duda que los abogados de los políticos independentistas las explorarán.

Sea como fuera, la situación se complica para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mesa de diálogo para resolver el «conflicto catalán», puesto que el Supremo ha dejado claro que no acepta que las instituciones penitenciarias de la Generalitat vacíen de contenido una sentencia condenatoria por sedición que apenas cuenta con 9 meses de publicación.

Así que el Gobierno debería doblar la apuesta polítca para facilitar la excarcelación de los políticos soberanistas a riesgo de desatar la indignación entre los fiscales y de multiplicar los argumentos de la oposición contra las cesiones al independentismo.