Fachada del Tribunal Supremo. Foto: EFE/JL

El Supremo se guarda un golpe de 3.000M para la 'rentrée' de Sánchez

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Se espera que el alto tribunal se pronuncie en los próximos meses sobre el litigio que mantiene Abertis con el Estado, en el que le reclama 3.000 millones

Madrid/Barcelona, 06 de junio de 2019 (04:55 CET)

El buen estado de salud de las cuentas públicas que manejará el futuro gobierno socialista, tiene por delante un importante hándicap. En paralelo al juicio del procés, el Tribunal Supremo también dirime otra causa que puede complicar la legislatura de Pedro Sánchez, como es su decisión sobre si el Estado debe pagar una compensación de 3.000 millones a Abertis por no alcanzarse el volumen de tráfico previsto en contrato de la ampliación de las concesiones de Acesa (479 kilómetros entre la AP-7 y la AP-2) y por las inversiones realizadas en esta y en Aumar (468 kilómetros entre la AP-7 y la AP-4).

Fuentes cercanas a la compañía señalan que está asegurada la recuperación de 900 millones, por el capital invertido, que Fomento ya ha reconocido, pero de la decisión del Supremo dependerían más de 2.000 millones.

El alto tribunal ya habría valorado las causas pendientes, pero, según ha podido saber ED, la decisión todavía no se ha comunicado a las partes. Desde el Tribunal Supremo, que no se pronuncian sobre si los magistrados ya han votado los dos casos, explican que, incluso si hipotéticamente se hubiera hecho, es habitual que las sentencias complejas tarden tiempo en redactarse. Ponen como ejemplo la del Caso Malaya, que no vió la luz en un año.

Independientemente del impacto económico para las arcas del Estado, la futura decisión del Supremo, si es favorable a Abertis, puede interferir en los acuerdos y pactos del futuro nuevo gobierno del PSOE y convertirse en un motivo de fricción con el Govern de Quim Torra. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, insistió la pasada legislatura en que abriría los peajes cuando fueran venciendo las concesiones y la AP-7 es crítica para la Generalitat; especialmente el tramo gestionado por Acesa, entre La Jonquera y Tarragona, cuya concesión vence en diciembre de 2021.

La finalización de la de Aumar se espera para este añopor lo que Abertis ya estaría acercándose a la plantilla para comenzar a hablar sobre un posible ERE.

La posibilidad de la relicitación

El debate sobre el futuro de las autopistas ya comenzó antes de que ACS y Atlantia tomaran el control de Abertis. El ex presidente de la concesionaria en su etapa como participada de Criteria, propiedad de la Fundación Bancaria La Caixa, Salvador Alemany, ya puso sobre la mesa alguna alternativa posible, como un alargamiento de las concesiones, siguiendo el modelo de Francia, pero con un peaje menor para subrir el coste del mantenimiento. 

Hasta el momento, el gobierno socialista ha mantenido su idea de levantar las barreras en las concesiones de autopistas que vaya finalizando, pero Ábalos también se ha abierto a valorar otras alternativas, como el pago por uso, pero sobre el conjunto de las autovías y las autopistas, en un intento de unificar el coste que soportan las comunidades autónomas. Esta alternativa, convertiría todas las vías en públicas y se gestionarían desde el Estado.

Sin embargo, un posible fallo en contra del Supremo, y el riesgo que supone para las cuentas públicas, podrían recuperar la idea planteada por Alemany, y buscar a través de un pacto un posible alargamiento de las concesiones que va a perder Abertis en los dos próximos años, y que le generan alrededor de 500 millones de beneficio al año. Pero este camino puede abrir otros frentes.

La Generalitat ha sido muy combativa con la AP-7 y ha exigido en numerosas ocasiones obtener la gestión de esta concesión, y ha reclamado otras políticas de precios, algo que se pondría a tiro a partir del 1 de enero de 2022, cuando vencerá la que une La Jonquera con Tarragona. Torra cuenta con un precedente al que agarrarse, ya que en abril el gobierno de Sánchez traspasó la gestión de la AP-68 de Abertis al gobierno vasco

El otro lado de la negociación son los nuevos accionistas de la concesionaria española, que podrían preferir cobrar la indemnización millonaria que renegociar las concesiones. ACS y Atlantia todavía no han presentado un plan estratégico para Abertis, por lo que no hay certidumbre sobre su estrategia en España.  

Un precedente legal positivo para la empresa

La decisión del Supremo pondrá blanco sobre negro a una disputa que durante años han mantenido el gobierno español y Abertis, sobre la que la compañía ya tuvo una primera sentencia favorable en 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

En aquella ocasión, la sección sexta de la sala de lo contencioso-administrativo reconoció a la empresa el derecho a considerar un "activo financiero" la indemnización que Fomento debería abonarle en 2021, cuando finalice la concesión de la AP-7 de Acesa, como compensación por no haber llegado a los tráficos acordados cuando Abertis amplió el número de carriles. 

En 2006, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, Abertis realizó una serie de ampliaciones en la AP-7 en varios tramos en Cataluña. En el convenio establecido, se fijaban una serie compensaciones por inversiones y también en caso de no alcanzar un mínimo de volumen de tráfico.

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