Erdogan, 30 días más de estado de excepción

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Una semana después del fallido golpe de Estado, el presidente turco extiende el período de detención y cierra más colegios

Erdogan en una visita a la asamblea de Turquía, en Ankara. / EFE

23 de julio de 2016 (13:11 CET)

Las actitudes del presidente turco Tayyip Erdogan, a una semana del fracasado golpe de Estado por parte de un núcleo de militares, ya se acerca peligrosamente a una política de revancha con mano dura. Las últimas medidas han sido el cierre de más de mil colegios privados, y la ampliación a treinta días del período en que una persona puede estar detenida sin cargos.

Desde el miércoles en Turquía rige el estado de emergencia, implementado para que las autoridades puedan investigar y detener a la red de partidarios del golpe, que han dejado a casi 250 muertos durante la noche del viernes 15. Por medio de este estado, el presidente y el gobierno pueden aprobar leyes sin necesidad de pasar por el filtro parlamentario y también les permite limitar o suspender derechos y libertades si lo creen necesario.

Erdogan tiene la idea fija que detrás del golpe se encuentra el clérigo musulmán Fethullah Gülen, de gran influencia en círculos académicos y medios de comunicación. Aunque Gülen niega las acusaciones, Erdogan insiste ante el gobierno de Estados Unidos que extraditen a este opositor, que reside en la ciudad de Pennsylvania.

Como Estados Unidos se niega a hacerlo hasta que no tenga pruebas firmes de la implicación de Gülen en el golpe, Erdogan sigue con su política de detenciones y cierre de establecimientos. En los últimos días, ha clausurado 1.043 escuelas privadas, 1.229 organizaciones benéficas y fundaciones, 19 sindicatos, 15 universidades y 35 instituciones médicas por presuntos vínculos con el movimiento del clérigo.

En tanto, el número de detenciones ya cruzó la barrera de las 10.000 personas, y van desde militares a sindicalistas, pasando por religiosos, profesores y hasta maestros de escuela. Bajo la acusación de sedición y terrorismo, cualquier persona puede ser detenida mientras dure el estado de emergencia. Además, más de 50.000 empleados públicos, profesores y trabajadores han sido despedidos de sus puestos.

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