La fiscalía recurre para devolver a Rull, Turull y Bassa a la cárcel

Tres exconsejeros de la Generalitat condenados en el juicio del procés –Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa– están a punto de reingresar a la cárcel, tal como le sucedió esta misma semana a Oriol Junqueras y al resto de políticos presos después de que un juzgado de vigilancia penitenciaria les revocase el tercer grado.

Tal como se anunció, la fiscalía recurrió este jueves el tercer grado concedido por la Generalitat el pasado 14 de julio a los exconsejeros Turull, Rull y Bassa. En los recuros se solicita al juzgado de vigilancia penitenciaria que suspenda de forma inmediata su régimen de semilibertad, mientras resuelve el fondo del asunto.

Así lo solicita en tres escritos la Fiscalía de Barcelona, después de que el pasado martes ya lograse que el juez de vigilancia penitenciaria dejara sin efecto, de forma cautelar, el tercer grado a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, así como el de los ‘Jordis’, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El pasado martes, la fiscalía también recurrió el tercer grado de la expresidenta del parlamento catalán Carme Forcadell. Sin embargo, en su caso, todavía se está a la espera de que el juez resuelva sobre su suspensión cautelar.

Si el juzgado de vigilancia penitenciaria accede a la petición fiscal, los exconsejeros Turull, Rull y Bassa volverían al segundo grado penitenciario. El régimen que se les aplicaría sería estricto. En principio, se quedarían sin las salidas laborales y de voluntariado que se les aplicaron en virtud del artículo 100.2 del régimen penitenciario, al menos hasta que las respectivas juntas de tratamiento lo volvieran a plantear.

La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió este miércoles al alto tribunal que, a medida que le lleguen los recursos sobre la aplicación del 100.2 a los presos del ‘procés’, los suspenda inmediatamente de forma cautelar. Esto les cerraría la puerta a que volvieran a salir para trabajar, ejercer voluntariado o cuidar de familiares dependientes.

En sus recursos contra el tercer grado de Turull, Rull y Bassa, la fiscalía esgrime los mismos argumentos que expuso en los escritos para revocar la semilibertad de los otros seis presos del «procés». Recuerda que la educación y resocialización de los internos no son las únicas finalidades de la pena de cárcel, ya que no es «menos importante» que experimenten la «culpabilidad» y que su encarcelamiento es «algo merecido».

Curso sobre cómo respetar la ley

En el caso de Turull, Rull y Bassa, la fiscalía advierte de que aún no están preparados para pasar al tercer grado. Indica que no han seguido en prisión un curso para aprender a vivir «respetando el elenco de mandatos y prohibiciones contenidos en la ley penal».

Pese a que los exconsellers reconocen las consecuencias de sus hechos, el fiscal sostiene que siguen sin admitir que cometieron el delito y no han seguido ningún programa de tratamiento sobre los «déficit» que les llevaron a delinquir: «falta de respeto a las leyes y a los tribunales, creencia de un mandato superior del Parlament por encima del mandato constitucional y de las advertencias del Tribunal Constitucional y creencia de su capacidad para interpretar la voluntad popular».

La actuación de la fiscalía supone un duro golpe a la mesa de diálogo entre el gobierno de Pedro Sáncchez y ERC.