Hacienda desconoce lo que recaudará con las medidas antifraude

Un informe del Ministerio de Hacienda reconoce que «no es factible» cuantificar el efecto recaudatorio que tendrá la nueva Ley de Lucha contra el Fraude aprobada por el Gobierno el pasado 22 de junio y que será tramitada como proyecto de ley en las Cortes. Pese a todo, el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, cifró en 8.000 millones de euros la recaudación adicional que propiciarán las medidas incluidas en dicho plan.

Según consta en la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al proyecto de ley, y a la que ha tenido acceso EP, la falta de antecedentes en España para muchas de las medidas incluidas en el plan hacen que «no resulte factible la evaluación cuantitativa a priori de sus eventuales efectos económicos, presupuestarios y recaudatorios con un mínimo grado de fiabilidad, cuestión que dependerá sobremanera de la reacción de los agentes económicos y de la eficacia de las modificaciones normativas que se introducen».

En cualquier caso, en el documento se apunta que las limitaciones en los pagos en efectivo y las iniciativas que ampliarán las posibilidades de la Agencia Tributaria para tomar medidas cautelares en casos de insolvencia o alzamiento de bienes, así como la eliminación de los aplazamientos de créditos en situaciones de concurso y el resto de iniciativas en esta línea son las que «potencialmente podrían generar, de manera indirecta, unos mayores recursos públicos».

Sistema de módulos

Por otra parte, el documento de Hacienda apunta que los cambios en el régimen de módulos que se introducen en el anteproyecto de ley supondrán «un aumento de los costes de cumplimentación» para los afectados, así como «mayores cargas administrativas derivadas de la mayor complejidad de las comprobaciones sobre la veracidad de los datos declarados».

Según información de la Agencia Tributaria que se recoge en el informe, la decisión de excluir del régimen de módulos a ciertas profesiones que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y con un volumen de rendimientos íntegros superior a 50.000 euros al año afectará a un máximo de 30.124 empresarios que en el año 2009 utilizaron el método de estimación objetiva y que, a partir de 2013, tendrán que ajustarse a la estimación directa, lo que «podría tener consecuencias en sus cuotas impositivas».

Sectores más afectados

En particular, las nuevas restricciones afectarán particularmente a 20.872 contribuyentes de la construcción, 4.817 de industria, 2.457 del comercio minorista y 1.281 empresarios de hostelería y restauración. Entre los cuatro sectores acumulan unos rendimientos netos en estimación objetiva de 482 millones de euros (98,1% del total).

Otros sectores que, según Hacienda, también resultarán afectados pero de forma «mucho menos intensa» tanto por el número de contribuyentes como por sus bases y cuotas son reparaciones (393 contribuyentes), peluquerías (131 contribuyentes), enseñanza (95 contribuyentes) y otros servicios (78 contribuyentes).