Diada independentista: Torra gastó 640.000 euros públicos. Un cartel para pedir la libertad para Oriol Junqueras y sus compañeros políticos presos que se colocó con motivo de la manifestación de la Diada de este 11 de septiembre. / EFE/Enric Fontcuberta

La Fiscalía pedirá penas mínimas por la rebelión del 1-O

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El Ministerio Público solicitará condenas mínimas de 15 años de cárcel por el delito de rebelión para los políticos del 1-O

Economía Digital

Diada independentista: Torra gastó 640.000 euros públicos. Un cartel para pedir la libertad para Oriol Junqueras y sus compañeros políticos presos que se colocó con motivo de la manifestación de la Diada de este 11 de septiembre. / EFE/Enric Fontcuberta

Barcelona, 13 de octubre de 2018 (14:50 CET)

El Ministerio Público pretende mantener la acusación por rebelión contra los políticos presos catalanes involucrados en la organización del referéndum ilegal del 1-O, aunque solicitará condenas mínimas para este delito, cuyas penas oscilan entre los 15 años y 30 años de cárcel. 

La Fiscalía General del Estado aprovechó agosto y septiembre para concretar la acusación contra Oriol Junqueras y los otros dirigentes independentistas procesados, pero ya cierra los últimos flecos de cara al juicio oral para los líderes independentistas que, se prevé, dará inicio en el Supremo en los próximos meses. 

Ahora, la Fiscalía se prepara para presentar en los próximos días el escrito de calificación provisional, informó la Cadena SER. El documento será revisado después de que el Tribunal Supremo confirme la instrucción del juez Pablo Llarena. La radio cita fuentes del caso para agregar que el escrito es "susceptible de cambios al término del juicio".

El Ministerio Público hará definitiva su acusación tras decretar la sentencia. De momento se sabe que la Fiscalía no pedirá las penas máximas de 30 años, sino las mínimas de 15 años de prisión. A ello habría que añadir los delitos de malversación de fondos públicos.

Las querellas por rebelión de la Fiscalía

La Fiscalía mantendrá de esta forma el mismo criterio que defiende desde que interpuso las dos querellas que dieron paso a la causa del 1-O, al considerar que el Govern de Carles Puigdemont y los actores civiles (los 'Jordis') pudieron incurrir en un delito de rebelión al instrumentalizar los disturbios del 20 y 21 de septiembre de 2017 en Cataluña.

La acusación señala "la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público", en aras de que el Estado se declarara rendido y que la Generalitat se dispusiera a declarar la independencia de la comunidad autónoma.

Los acusados por rebelión son Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull y Josep Rull, que ahora deberán esperar a que la sala de lo penal del Tribunal Supremo decida si la condena procede.

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