La Generalitat y Acciona hacen oídos sordos a la sentencia del Supremo sobre ATLL

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La oposición reclama a Mas responsabilidades ante el fracaso de la mayor privatización de su mandato y exige a Mas-Colell y Vila que comparezcan en el Parlament

Artur Mas y José Manuel Entrecanales en 2012 | EFE

30 de octubre de 2014 (21:25 CET)

La Generalitat ni siquiera se plantea cambiar al actual gestor de la empresa que hace posible que un total de 3,23 millones de personas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tengan agua del grifo, Aigües Ter Llobregat (ATLL).

El Tribunal Supremo ha añadido este jueves un nuevo capítulo en la denominada guerra del agua de la comunidad con una sentencia que supone un nuevo varapalo para el Govern de Artur Mas. Pero tanto el Ejecutivo como Acciona, la encargada actual del servicio, se aferran al mismo argumento que han esgrimido ante las valoraciones desfavorables anteriores para hacer oídos sordos al mandato del máximo tribunal de España: como la resolución sólo valora las medidas cautelares y no el fondo del asunto, no la aplicarán.

Próximo paso judicial

El conflicto entre la Generalitat, Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar), que fue candidata a gestionar ATLL, avanza un paso más, indican fuentes jurídicas. La sentencia firmada por el magistrado del Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva ratifica la argumentación del tribunal catalán de recursos contractuales, presidido por Juan Antonio Gallo, y excluye a Acciona temporalmente de la licitación hasta que no se decida si la adjudicación es correcta o no. En ningún momento indica textualmente que se deba revocar el contrato actual. Lo mismo que hizo el TSJC en marzo de 2013.

Forzar este paso es, precisamente, el próximo litigio de la guerra del agua. Agbar ya presentó una denuncia en este sentido ante el máximo tribunal catalán. Fuentes cercanas a la compañía indican que la intención del grupo es presentar un nuevo recurso en el que se exigirá de forma específica la ejecución de las medidas cautelares.

¿Causa penal?

Si el Supremo no es taxativo en este punto, la Generalitat no se moverá, indican otros interlocutores cercanos al Govern. La posición permite a Mas ganar tiempo antes de desconsolidar 995.506.100 euros del déficit público catalán de 2012 (el 0,51% del PIB), el ejercicio en el que se firmó la adjudicación, y reembolsar, como mínimo, 298 millones a Acciona. A todo ello se le deberían sumar los supuestos daños y perjuicios que podría alegar la compañía de los Entrecanales, quienes ya han dejado claro que lo piensan reclamar si se revoca la adjudicación.

Pero mientras se gana tiempo para asumir el varapalo económico, la Generalitat coquetea con el delito de desacato a la autoridad, señalan los mismas fuentes jurídicas consultadas. Si el conflicto abierto entre las partes avanzara, Agbar tendría vía libre incluso para abrir una causa penal bajo este supuesto.

Más resoluciones del Supremo


Los próximos días llegarán nuevas resoluciones en este sentido del Supremo. El primer documento que ha firmado Murillo de la Cueva, el magistrado ponente de la sección séptima de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal, contesta al recurso de casación que presentó la sociedad que gestiona por ahora ATLL, Aigües de Cataluña.

Además de Acciona, en el consorcio está el banco brasileño BTG Pactual, el socio financiero de la operación, y un grupo de accionistas minoritarios entre los que se encuentra la holding del matrimonio formado por Liliana Godia y Manuel Torreblanca, Barcel Euro, y el presidente del periódico Ara y vicepresidente del grupo Havas, Ferran Rodés.

Han presentado el mismo escrito la compañía de los Entrecanales a título personal y la Generalitat de Cataluña. Por lo que se espera que las resoluciones del Supremo sean en el mismo sentido. Con todo, el Govern evita pronunciarse públicamente sobre la nueva resolución de ATLL hasta que no se emita el documento que les concierne.

Presión de la oposición

Aunque habrá de dar explicaciones. La oposición no ha tardado en salir a valorar la nueva situación judicial de la guerra del agua. El PSC ha sido el primero en reaccionar y ha registrado una petición en la que se exige a Artur Mas que determine quién deberá asumir las consecuencias políticas del “fracaso de la privatización estrella del Govern”, en palabras del diputado Jordi Terrades.

Los socialistas catalanes inciden en que la adjudicación de ATLL a Acciona fue ideada entre Lluís Recoder y Leonard Carcolé cuando ocupaban los cargos de consejero de Territori i Sostenibilitat y presidente del ACA, respectivamente.

Ambos están actualmente en el sector privado y ninguno de los dos firmó el contrato en las navidades de 2012 porque el gobierno estaba en funciones en ese momento. Fue el secretario del departamento de Territori i Sostenibilitat, Pau Villòria, quién lo rubricó el 27 de diciembre para que el Ejecutivo pudiera consolidar el recorte de los casi 1.000 millones de euros de déficit en ese ejercicio.

Nueva comparecencia

Incluso los socios de Mas en la legislatura, ERC, señalan que la operación fue “precipitada”, declara el diputado Marc Sanglas. La guerra del agua ha sido uno de los elementos que más ha distanciado CiU y los republicanos, ya que el partido de Oriol Junqueras es favorable a que la gestión de un recurso tan básico como el agua en la región más poblada de Cataluña, el Área Metropolitana de Barcelona, se gestione directamente por la Generalitat.

ERC ha anunciado que se suma a la otra gran petición del PSC: exigir una nueva comparecencia tanto del titular actual de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, como del consejero de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, en el Parlament.

Será la segunda ocasión en que ambos rindan cuentas en comisión del estado del proceso judicial de concurso de ATLL. Esta comparecencia ni siquiera tiene fecha marcada, pero lo que todas las partes tienen claro es que, cuando se produzca, aún no habrá llegado la sentencia final del TSJC en la que se valore si la adjudicación de la gestión del agua en alta se hizo mal en 2012. Y este no será el último tribunal que tome parte en la guerra del agua. El litigio terminará en el Supremo.
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