La justicia investiga si los hospitales privatizados de Madrid dan largas a pacientes con VIH

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La Marea Blanca denuncia que los centros cedidos a empresas privadas derivan enfermos que requieren tratamientos costosos

Manifestación contra la privatización de hospitales en Madrid.

12 de agosto de 2013 (20:27 CET)

Los hospitales privatizados de Madrid tendrán que aportar a los tribunales una lista detallada de pacientes derivados a los hospitales públicos durante los últimos tres años. Se determinará si intentaron ahorrar costes para endosárselos a la sanidad pública, tal como denuncia la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, Afem, en una querella presentada este junio.

El juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha solicitado a las empresas Asisa, gestora del hospital de Torrejón, y Capio, que administra los hospitales de Valdemoro y Móstoles, la documentación detallada que contrastará con la que aporten otros 14 hospitales madrileños a los que el juez también ha pedido la documentación.

Sistema de cobros

Los médicos que han conformado las plataformas de protesta sostienen que las empresas privatizadas utilizan diferentes trucos para deshacerse de los pacientes con tratamientos largos y costosos.

“Es el caso de los portadores del VIH, cuyos gastos farmacéuticos son muy elevados y se derivan irregularmente a otros centros públicos que soportan el gasto que debía asumir el adjudicatario, como está ocurriendo en el Hospital de Valdemoro, gestionado por Capio”, asegura la querella.

Los contratos de privatización establecen dos tipos de pagos a las empresas gestoras: uno fijo por número de pacientes que viven en la zona de influencia del hospital y otro adicional en función de las patologías tratadas. Pero algunos pacientes con enfermedades largas, recaídas o complicaciones pueden llegar a ser “poco rentables” –según los médicos contrarios a la gestión privada— y, por ello, se han comenzado a derivar estos enfermos a los centros públicos.

Robo de pacientes

Los usuarios también han denunciado que los hospitales privados intentan robar a los públicos pacientes con tratamientos rápidos que pueden resultar rentables. “A mí me llamaron del call center para una operación de cataratas. Era ambulatoria [operación y alta el mismo día]. Me dijeron que si me quería operar en el público tendría que esperar semanas, en cambio, en el privado me lo hacían al día siguiente”, explica Vicente Losada.

La práctica de atraer pacientes de la red pública supone un ingreso extra para los hospitales privatizados. También es denunciada en la querella presentada por Afem y por la cual han sido imputados los dos ex consejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan Jusé Güemes, y las empresas Asisa, Capio y Ribera Salud, que este lunes obtuvo la gestión de otros dos hospitales madrileños: los de Vallecas y Arganda del Rey.
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