Las diputaciones se entregan a la Hacienda catalana

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En diciembre pagarán el IRPF de sus funcionarios a la Agencia Tributaria Catalana, pero ésta los liquidará a la Hacienda española

Josep Maria Casas

La convergente Mercè Conesa con el republicano Dionís Guiteras, presidenta y vicepresidente de la Diputación de Barcelona.
La convergente Mercè Conesa con el republicano Dionís Guiteras, presidenta y vicepresidente de la Diputación de Barcelona.

Barcelona, 28 de septiembre de 2016 (18:44 CET)

Las cuatro diputaciones catalanas ingresarán el IRPF de las nóminas de sus funcionarios y empleados en la Agencia Tributaria Catalana (ATC) antes de finalizar este año. No obstante, la hacienda catalana no se quedará la recaudación, sino que efectuará la correspondiente liquidación ante la hacienda española dentro de los plazos legales.  

Un miembro del gobierno de la Diputación de Barcelona reconoce a Economía Digital que, en realidad, el ingreso del IRPF de los funcionarios en la hacienda catalana es "un acto simbólico" que no supone "ninguna ilegalidad ni ninguna desobediencia" a las instituciones españolas. Simplemente, la Agencia Tributaria Catalana (ATC) actuará como una entidad mediadora y, como tal, se encargará de traspasar el dinero a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).  

Además, los pagos se realizarán trimestralmente tal como se han venido haciendo hasta ahora y dentro de los plazos estipulados. Lo único que cambiará es que las liquidaciones a la AEAT no los realizarán directamente las diputaciones, sino la Agencia Tributaria Catalana.  

La hacienda catalana seguirá conectada a la española  

Cuando en noviembre pasado se anunció la intención que la ATC recaudara el IRPF de los funcionarios de las diputaciones, desde todas las formaciones políticas, tanto de las que estaban a favor como en contra, se enmarcó la propuesta en la voluntad de crear una hacienda catalana desconectada de la española. De momento, no hay nada de eso: la Agencia Tributaria Catalana va asumiendo cada vez más actividad, pero seguirá liquidando a la española.  

En noviembre del año pasado, la Diputación de Barcelona, presidida por Mercè Conesa, de la antigua Convergència, aprobó una moción de la CUP para que se devengara el IRPF de los funcionarios y de los empleados de las empresas públicas a la Agencia Tributaria Catalana. A continuación, el resto de diputaciones catalanas siguieron el mismo camino, con más o menos entusiasmo, pero casi un año después todavía no han aplicado la medida.

No sólo se lo han tomado con calma sino que han puesto el freno a cualquier acto que el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro pueda considerar una insubordinación.

La poca capacidad de la ATC y las dudas de Tarragona demoran el proceso  

Las fuentes consultadas en la cúpula de la Diputación de Barcelona atribuyen el retraso a dos motivos: el primero, a que la Agencia Tributaria Catalana, dependiente del vicepresidente Oriol Junqueras, no estaba preparada para asumir más carga de trabajo y, por este motivo, se decidió esperar a final de este año; y el segundo, a las reticencias de la Diputación de Tarragona, presidida por Josep Poblet, otro viejo convergente, que se ha mostrado "remolón" con el proyecto de hacienda catalana.  

Cuando se presentó por primera vez la propuesta de la CUP en la Diputación tarraconense, Josep Poblet ni tan sólo la admitió a trámite con el argumento que hacían falta informes jurídicos, de tesorería y del interventor de la corporación antes de someterla a votación. Posteriormente, en abril pasado, Poblet excusó su asistencia a una reunión de presidentes de las diputaciones catalanas con Oriol Junqueras en la que se trató del devengo del IRPF de los funcionarios a la Agencia Tributaria Catalana.  

Los sindicatos exigen seguridad jurídica  

Finalmente, todas las diputaciones catalanas, incluso la de Tarragona, se preparan para dar el paso el próximo mes de diciembre. En su momento, los sindicatos CC.OO y UGT exigieron "seguridad jurídica" ante la posibilidad que la Hacienda española pudiera actuar contra ellos por impagos o retrasos en el devengo del IRPF. En este sentido, las fuentes consultadas aseguran que los informes de la secretaría general y de la intervención disipan las dudas. Los funcionarios temían ser sancionados con recargos si su declaración de IRPF no llegaba en el plazo legal a la hacienda española.  

Las diputaciones catalanas cuentan con una plantilla cercana a los 8.000 funcionarios, la mitad de los cuales está en la de Barcelona. Además, sus empresas públicas disponen de más de 1.500 empleados.
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