en Barcelona, 02 de marzo de 2015 (21:14 CET)
"Los mandamientos judiciales [de intervención telefónica] que no incorporen un plazo concreto para su cumplimento, a pesar de la previsión legal que obliga, en este supuesto, a hacer la intervención antes de 72 horas, padece retrasos considerables en su ejecución, en algunos casos de hasta un año, cosa que provoca perjuicios en la investigación policial". Así se expresa la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra en un informe enviado al juzgado de instrucción número 17 de Barcelona en el que se pidió, a finales del años pasado, la intervención telefónica de una serie de números correspondientes a los miembros de una banda organizada que se dedicaba al asalto de pisos en urbanizaciones de lujo de distintos punto de Cataluña.
El jefe del área de robos de la policía autonómica tenía muy avanzada una investigación sobre los presuntos autores de estos robos. Era preciso que, sin demora, el magistrado les autorizase a intervenir (el método conocido como pinchazo) los teléfonos móviles de los sospechosos y por ello, y como es preceptivo, formuló por escrito dicha petición.
Sin embargo, y ante la experiencia acumulada por las dilaciones de las compañías telefónicas en dar curso a este tipo de mandamientos, optó por poner en conocimiento judicial esta situación, requiriendo al juez a que "disponga específicamente que las intervenciones interesadas se efectúen antes del plazo máximo de 72 horas contando el momento en que se reciba el mandamiento".
Las compañías, obligadas a obedecer
La policía reitera que, incluso así, en ocasiones, las compañías telefónicas ponen "excusas o evasivas con el fin de justificar que la respuesta a la orden judicial se ha hecho en plazo y así ganar tiempo". Ante ese hecho, insiste la policía: "Se solicita que en los mandamiento judiciales se incluya una conminación de cumplimiento efectivo e íntegro sin excusas, pretextos y demoras".
Dada la urgencia del caso y la contundencia de la queja policial, el juez ordenó a Vodafone, Movistar, France Télécom, Yoigo, Digimovil/Best, Ono, Tuenti Móvil y Lycamovile que en un plazo máximo de 72 horas, en los términos exactos y sin excusas, pretextos ni demoras, bajo el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, proceda a la intervención de los números".
Fuentes judiciales y policiales consultadas por este medio, han confirmado que éste no es un caso puntual, sino una de tanta quejas que, habitualmente, reciben los magistrados de instrucción por la desidia o falta de colaboración de las compañías telefónicas por lo que respecta a los mandamientos judiciales para la intervención telefónica de sospechosos de delitos.
