Los riesgos de Pedro Sánchez con el delito de rebelión
La cuenta atrás para el juicio del 1-O es un camino lleno de minas para compatibilizar los compromisos suscritos por Sánchez con los grupos catalanes
Esta semana termina el plazo para que las partes califiquen definitivamente los delitos presuntamente cometidos por los acusados del «procés». Es el último acto procesal antes de que comience el juicio. Todos los microscopios apuntan a la posición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
Ocurre en un clima de tensión entre distintos estamentos del Poder Judicial y el Gobierno de Pedro Sánchez por las últimas y contradictorias declaraciones del presidente y otros miembros del Gobierno que ahora disienten de que los procesados hubieran cometido delito de rebelión.
Las circunstancias de Sánchez
Conviene analizar todas las circunstancias. Primero: El presidente de Gobierno ha declarado oficial y solemnemente la ruptura de relaciones con el líder de la oposición después de que Pablo Casado le acusase de cómplice y participe en el golpe de estado en Cataluña.
No fue una piedra lanzada al azar. Casado quiere cerrar grietas en el flanco derecho, toda vez que es la primera vez en la historia de la Transición que el Partido Popular tiene una amenaza a su derecha, VOX, que le puede perjudicar electoralmente.
No solo le podría arrebatar algún escaño directamente, sino que además los votos de VOX, dado el complejo sistema electoral español, podrían beneficiar a otro partido, incluso el PSOE, en la adjudicación del último escaño en algunas circunscripciones.
Si la munición de Aznar fue la corrupción y el GAL, la de Casado en la supuesta connivencia con los golpistas catalanes
Además, como ya informamos en este periódico, Casado ha diseñado su estrategia de acuerdo con José María Aznar, apostando por la línea dura que el expresidente ya utilizó contra Felipe González. Si entonces la munición fue la corrupción y el GAL, ahora es la supuesta connivencia de Sánchez con los golpistas catalanes.
Segundo: Estamos en precampaña electoral en Andalucía, donde existe una enorme sensibilidad sobre las desigualdades entre autonomías desde el referéndum del 28 de febrero de 1980, que en esencia quería garantizar que no hubiera autonomías de distinta categoría y que Andalucía pudiera acogerse a la vía autonómica contemplada en el artículo 151 de la Constitución.
Aunque no se conoce oficialmente el contenido de la conversación del presidente Sánchez con Susana Díaz el pasado 26 de octubre, es universal la creencia que las dos horas de reunión fueron para tratar la influencia de la posición del Gobierno en el contencioso catalán en las elecciones del próximo 2 de diciembre.
Un cambio de criterio en la Abogacía del Estado sería insólito
En esa reunión, la presidenta y candidata de Andalucía habría exigido a Sánchez la máxima prudencia en relación con la disputa catalana. El temor de Díaz es que las debilidades de Sánchez para negociar los Presupuestos y la apariencia de concesiones a los presos del procés o ERC y Pdecat pudieran dañar sus expectativas electorales.
Tercero: Un cambio en la Abogacía del Estado, rebajando él delito de rebelión por el de sedición, no solo sería insólito, porque este órgano es parte en función de defender los intereses económicos de la administración y no en la calificación penal de los delitos cometidos de otra naturaleza.
Cuarto: Un cambio en la calificación fiscal del delito de rebelión sería una bomba de efectos incalculables en la credibilidad del ministerio fiscal, cuya junta de fiscales ya se pronunció a favor de la calificación del delito de rebelión.
Sánchez, en mayo: «Lo ocurrido el 7-S en Cataluña se puede entender como rebelión»
El cambio de criterio del presidente sobre si fue o no rebelión lo ocurrido en Cataluña hace un año es difícilmente justificable hasta el punto que la única explicación coherente sería que lo hace por puro interés político para conseguir el apoyo de sus socios catalanes en la moción de censura y permanecer más tiempo en la Moncloa.
Conviene recordar lo que pensaba Sánchez de este asunto en mayo de este mismo año. En el programa Espejo Público, que dirige la periodista Susana Griso, el 17 de mayo de 2018 manifestó: «Si no hay altercados públicos lógicamente eso no quiere decir que no puede haber un delito de rebelión como sí se produjo».
Por si hubiera dudas, Sánchez apostilló: «Lo ocurrido el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión».
Un cambio en la calificación de la abogacía del Estado o de la fiscalía sería sin duda una munición excepcional para Ciudadanos y PP en la campaña electoral de Andalucía, amenazando una diáspora de votos en un territorio especialmente sensible a la idea de una España Constitucional.
¿Qué hace Sánchez?
El quinto punto es esencial. Hay algunas otras actuaciones del Gobierno que habría que poner en contexto.
Sorprendentemente, el Gobierno recurrirá el acuerdo del Parlament de Cataluña de reprobación de la monarquía, a pesar del informe en contra presentado por el Consejo de Estado.
Es cierto que esa resolución no es vinculante. Pero indica claramente un brindis al sol del Gobierno, supuestamente para defender la Corona, que tiene todas las posibilidades de ser rechazada por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, ni el Gobierno ni el grupo socialista se han opuesto a las iniciativas de Podemos y los nacionalistas para suprimir el delito de ofensas a la Corona.
Los vaivenes de Sánchez con el separatismo son un boomerang para futuros acercamientos políticos en Europa
Si el Gobierno quisiera respaldar al Rey, en un momento en que recibe tantos ataques por su firme defensa de la Constitución, desde hace un año, oponerse a esas iniciativas sería una demostración mucho más creíble.
Sexto: Los vaivenes de Sánchez en sus relaciones con las fuerzas secesionistas son un boomerang para futuras peticiones de apoyo a las democracias europeas que observan sus cambios de posición en el contencioso catalán.
También debilitarán posibles peticiones a los tribunales europeos si se producen más fugas de procesados en el futuro, reforzando la posición de Carles Puigdemont en lo que él llama exilio.
Empieza a ser difícilmente discutible la prioridad de Sánchez de mantenerse en la Moncloa
La cuenta atrás para la celebración del juicio en el Tribunal Supremo es un camino lleno de minas para compatibilizar los compromisos suscritos con los grupos catalanes para su apoyo en la moción de censura y la defensa de la Constitución y la legalidad.
Empieza a ser difícilmente discutible la prioridad de Sánchez de mantenerse en la Moncloa y evitar convocar elecciones. Los equilibrios en el pacto Frankenstein van a ser una prueba del apoyo de los votantes socialistas independientemente de los certificados de fe que expide Félix Tezanos en la cocina del CIS.
