Mas asume el plan social de la CUP sin presupuesto para impulsarlo

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Los anticapitalistas no ocultan su desconfianza hacia Junts pel sí y proponen grabar las negociaciones y guardarlas bajo el recaudo de Forcadell

Leonor Mayor

Mas y el resto de la candidatura de Junts Pel Sí en el cierre de campaña en Barcelona / EFE
Mas y el resto de la candidatura de Junts Pel Sí en el cierre de campaña en Barcelona / EFE

en Barcelona, 04 de diciembre de 2015 (20:26 CET)

Junts pel sí ha movido ficha para acercarse un poco más a la CUP y arrancarle un pacto que haga presidente a Artur Mas y lleve a Cataluña a la independencia. El movimiento se ha materializado a través de 20 propuestas de carácter social, que en su día formularon los antisistema, y que los de Junts pel sí se comprometen ahora por escrito a aceptar.

Los de la CUP no se acaban de fiar y, aunque no ven con malos ojos la oferta de la lista de Mas, piden que a partir de ahora se graben todas las negociaciones y que las grabaciones queden a buen recaudo guardadas en la caja fuerte de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Tres problemas

Más allá de la desconfianza, la nueva propuesta de Junts pel sí choca con tres problemas. Algunas de las iniciativas que contiene ya se han planteado en otras ocasiones y no han llegado a hacerse realidad. Otras requieren de una importante inversión que no está al alcance de la Generalitat cuyas arcas están más secas que la mojama. Por último, la Generalitat no puede aprobar otros de estos planes porque no forman parte de su ámbito competencial.

La coalición de CDC y ERC propone por ejemplo garantizar la alimentación de todos los niños, impedir la pobreza energética, realojar a las familias desahuciadas, aplicar una renta mínima de inserción, pagar las prestaciones derivadas de la aplicación de la ley de dependencia, pagar las guarderías, contratar más profesores en las zonas desfavorecidas o recuperar la ley de barrios que impulsó el tripartito con una cuantiosa inversión.

Préstamo condicionado

Todas estas medidas requerirán de importantes inversiones presupuestarias. Pero no está nada claro que la Generalitat pueda hacerles frente. De hecho, la Administración catalana atraviesa por uno de sus peores momentos. Sus títulos han sido calificados de bono basura, por lo que se le ha cerrado el acceso a los mercados. Nadie le presta dinero. Sólo el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Pero el Gobierno central teme que si le da dinero, la Generalitat se lo gaste en construir la independencia. Por eso, ha condicionado su próximo préstamo extraordinario, que se elevará a los 3.034 millones de euros, a que esos fondos se dediquen a pagar servicios sociales, educativos y sanitarios. Los primeros de la lista a la hora de cobrar serán los farmacéuticos que andan desesperados tras varios meses sin ver un euro de la Administración.

Medidas inconcretas

Pese a las evidentes dificultades financieras, el diputado de Junts pel sí, Toni Comin, que ha participado en las negociaciones, ha asegurado este viernes en el programa El Matins de TV3 que el nuevo presupuesto puede arreglarse para sacar el dinero necesario para cubrir esas necesidades.

No ha concretado de dónde pueden salir esos fondos, pero no será ni de las privatizaciones ni de la venta de más patrimonio público, porque Junts pel sí también se ha comprometido a frenar privatizaciones como la de Aguas Ter-Llobregat.

Además, Junts pel sí quiere aprobar cosas que están fuera de su ámbito competencial como  de instaurar un salario mínimo de 1.000 euros mensuales, algo que, hoy por hoy, es imposible, pues corresponde al Estado fijar esta cuestión.

También plantean los de la lista de Mas una serie de cosas sin concretar cómo y cuándo se harán. Junts pel sí promete, por ejemplo, reducir las listas de espera sanitarias, crear un banco público y poner en marcha una policía fiscal que luche contra el fraude. En principio, el nuevo Govern, si llega a constituirse, tendrá una breve duración de 18 meses. Un tiempo muy escaso para llevar a buen puerto estas propuestas que, como las anteriores, también requerirán de una importante dotación presupuestaria.

Pocas propuestas realistas

Así, de los 20 puntos de la lista, sólo cuatro o cinco son realistas. La implantación de nuevos impuestos podría llevarse a cabo, aunque algunos, como el de la banca, ya se crearon y fueron anulados por el Constitucional. No obstante, el futuro Govern podría encontrar nuevos hechos imponibles que gravar. Tampoco es imposible que se desarrolle la idea de fomentar la economía social y cooperativa. E incluso se podría acordar la dación en pago de viviendas hipotecadas, aunque esa iniciativa tropezará con la firme oposición de la banca.

Primar las energías renovables, retirar los conciertos educativos a los colegios que separan a los niños de las niñas y apoyar que la Generalitat se convierta en acusación particular en los procesos de corrupción son las propuestas que cierran la lista y, a priori, las más fáciles de cumplir.    

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