Puigdemont se pone manos a la obra con el consejo de la república

Quim Torra tan siquiera ha tomado posesión como presidente de la Generalitat y, por tanto, no ha tenido tiempo de tomar ninguna medida, pero Carles Puigdemont ya se ha puesto en marcha con el llamado «consejo de la república», una especie de gobierno en paralelo que quiere emplear para seguir influyendo en la política catalana.

El propio Puigdemont ha anunciado esta tarde que el consejo de la república ya está activo en todas las redes sociales con perfiles en Twitter (@CatalanCouncil), Facebook, Youtube y Google+. En todos ellos, el expresidente catalán se ha valido del escudo oficial de la Generalitat y lo ha acompañado de un nombre con apariencia y tipografía institucional: «República de Catalunya».

El objetivo del consejo de la república es internacionalizar el proceso soberanista. La idea de Puigdemont era dirigir esta especie de gobierno en paralelo desde Bruselas, donde tenía organizado un operativo político junto a exconsejeros y junto a su equipo jurídico. Su idea, de hecho, es regresar a Bruselas en el caso de que las autoridades alemanas se lo permitan.

La composición del gobierno en paralelo

Torra no ha puesto ninguna objeción a este «consejo de la república», pero el Gobierno piensa seguirlo de cerca porque, asegura, no va a permitir que se desvíen recursos públicos para financiar esta estructura parainstitucional cuya composición no está definida.

Según los documentos intercambiados entre Junts per Catalunya (JpC), ERC y la CUP, el consejo de la república debía estar formado por tres miembros de JpC, tres de Esquerra y uno de la CUP. Sus principales funciones, según aquellas negociaciones, debían ser las siguientes: impulsar el debate constituyente, asesorar al presidente y fomentar aquellas acciones que sirvan para avanzar hacia la república.

Este consejo estará formado, si no hay impedimento, por siete miembros: tres de Jpc, tres de ERC y uno de la CUP

ERC veía con buenos ojos este consejo de la república porque lo consideran un instrumento interesante para potenciar desde el extranjero las recurrentes denuncias del soberanismo sobre «la represión institucional» que sufre por parte del Estado.

El interrogante es conocer si, realmente, el gobierno de la Generalitat se va a someter a las instrucciones de una estructura que no está contemplada en ningún texto legal. En un principio, los ideólogos de este organismo pretenden que tengan personalidad jurídica de fundación privada para poder recibir ayudas económicas.