Torrent avisa a Torra que no actuará como Forcadell

Torra quiere que el Parlament se pronuncie en defensa de la autodeterminación tras la sentencia del 1-O, pero Torrent advierte de que no está por la labor

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El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, se encuentra en una situación similar a la que atravesó en febrero de 2018. Entonces, Carles Puigdemont pujó por una investidura a distancia desde Waterloo y el dirigente de Esquerra Republicana (ERC) optó por ponerle a raya y frenar los trámites para que el expresident consiguiera volver al frente de la Generalitat pero sin tener que pisar suelo catalán. El entorno de Junts per Catalunya (JxCat) no ha olvidado este capítulo de la actual legislatura, con sendos reproches a lo largo del tiempo.

El mensaje que envió Torrent en aquel momento era de sencilla comprensión, aunque evidentemente no compartido por todo el universo independentista. El presidente del Parlament quiso dejar claro entonces que está por la labor de desafiar y atacar desde distintos frentes al Estado español, y que estaba dispuesto a permitir el avance de muchos de los disparates de Puigdemont y JxCat, siempre y cuando se mantuviera dentro de la legalidad. Para vencer en el conflicto catalán, lo que sea necesario, menos la cárcel, se intuyó de sus acciones.

Con ese contexto definido es que debe leerse el artículo de opinión que publica Torrent este viernes en El Periódico de Catalunya, en el que ha enterrado debajo de múltiples críticas al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez algunos mensajes para sus compañeros parlamentarios de JxCat pero también especialmente para el president Quim Torra, con los que ha dado a entender que pondrá coto a la batería de simbolismos que la fracción y el president al servicio de Puigdemont proponen una semana sí y la siguiente también. Hay que preguntarse si merece la pena, ha propuesto Torrent.

Y es que Torra ha insistido esta semana en que la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O debe pronunciarse desde el Parlament e ir en defensa de la autodeterminación. Pero Torrent le advierte de que su papel no será similar al de Carme Forcadell, la presidenta del Parlament en la legislatura de Puigdemont y durante los preparativos para el referéndum ilegal de octubre de 2017, quien ha sido encausada en el juicio del procés y se encuentra en prisión preventiva desde marzo de 2018. Precisamente la suerte que intenta evitar Torrent.

Torrent se desmarca de las resoluciones simbólicas del Parlament

Después de asegurar que no impedirá ningún debate en el Parlament, pese a la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) –que este jueves ha avisado a él y al resto de los miembros de la Mesa de que se exponen a consecuencias penales si no impiden o paralizan la tramitación de ciertas iniciativas independentistas–, Roger Torrent ha afirmado en su artículo: «Tendremos que analizar si nuestros actos sirven para avanzar, para abrir escenarios mejores. O si bien no tienen ningún sentido práctico y quedan en el terreno meramente simbólico o retórico».

Lo ha dicho precisamente después de la suspensión por parte del Constitucional de las resoluciones de julio aprobadas por el Parlament en relación con la autodeterminación y la reprobación del Rey, ambas negociadas entre JxCat y ERC con la CUP, formación que a su vez ha sido la impulsora de las mismas. Torrent ha añadido que «defenderé el derecho de los diputados y las diputadas del Parlament de Cataluña a poder hablar de todo, sin estridencias ni gesticulaciones, pero con firmeza y estima hacia la institución».

Ha matizado Torrent que no asumirá este papel desde la presidencia del Parlament por miedo a ser acusado de desobediencia –uno de los delitos por los que se acusa a Forcadell en la causa del 1-O–, sino porque «objetivamente nos sitúa en una posición mejor que la alternativa». El representante parlamentario de ERC también ha manifestado que el independentismo no se puede «permitir otra cosa» que actuar con estima a la institución que preside, y que cree que este «debe ser nuestro criterio en todos y cada uno de los retos que tendremos que afrontar en los próximos tiempos».

De esta forma, el presidente del Parlament intenta poner coto a las resoluciones simbólicas que impulsan los partidos independentistas y que también ha solicitado Torra a la Cámara catalana y «sus representantes legítimos». También se desmarca Torrent de estos simbolismos un día después de que los miembros de la Mesa de JxCat –el vicepresidente Josep Costa y el secretario Eusebi Campdepadrós– contaran que se rehusaron a firmar la notificación del Constitucional sobre las resoluciones suspendidas, otra acción que entraría en el terreno de los simbolismos.

De hecho, cuando Costa y Campdepadrós hicieron estas declaraciones en una rueda de prensa matizaron que Torrent sí que atendió al funcionario del TSJC que hacía entrega de la notificación del Constitucional, y han añadido que el presidente del Parlament explicaría «luego» su posición. Con el paso de unas horas Torrent se ha explicado más allá de la anécdota sobre el momento en que recibieron la advertencia del Constitucional, alertando a Torra y a JxCat que él no será la versión actualizada de Forcadell, sino que –al igual que con la investidura fallida de Puigdemont– actuará dentro de la legalidad.

A principios de septiembre Torrent ya anticipó en una entrevista a El Periódico de Catalunya que las sentencias abrirían un nuevo ciclo político, de acumulación de fuerzas que «deben de permitir hacer el referéndum, que es la aspiración de los catalanes del 2017, del 2019 y del futuro». Sin renunciar a la idea del referéndum de autodeterminación, el líder republicano insistió que la solución debe ser «democrática y sin abandonar la bandera del diálogo».

En la citada entrevista, el líder de la formación republicana planteó que el movimiento independentista debe optar hacia «generar todos los incentivos que hagan que al Estado le salga más a cuenta políticamente negociar este referéndum que cronificar el conflicto». Por ello, remarcó que los «instrumentos» que implican la demanda consisten en la movilización social y la capacidad de incidencia en la gobernabilidad del Estado. 

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