Colau sufre un goteo de deserciones en el consejo de transparencia del AMB

Ada Colau hace bandera de la transparencia metropolitana con un consejo asesor en cuadro y una agencia marcada por conflictos internos

Ada Colau, alcaldesa y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona. /AJUNTAMENT DE BARCELONA

Cuando llegó a la presidencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau puso en marcha la Agencia de Transparencia a finales de 2015 y, unos meses después, constituyó el Consejo Asesor de Transparencia Metropolitana. Sin embargo, la gestión del gobierno del AMB y de sus empresas públicas nunca ha destacado por su transparencia.

La existencia de organismos de transparencia no evitó el cúmulo de supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores, como puso en evidencia un reciente informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Ni tampoco impidió la flagrante inhibición del AMB en la tramitación de un macroproyecto urbanístico de L’Hospitalet de Llobregat, como acaba de censurar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Estos órganos de transparencia han registrado un sinfín de incidencias desde su constitución. Para empezar, el consejo asesor que nombró la propia Colau ha sufrido un goteo de bajas. La última es la de Josep Maria Vallès, catedrático emérito de ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona y exconsejero de Justicia del primer gobierno tripartito de la Generalitat.

Vallès apuntó a Economía Digital que renunció el pasado junio por incompatibilidad con su elección como presidente de la Fundació Catalunya Europa, una entidad de estudios políticos que creó Pasqual Maragall cuando abandonó la presidencia de la Generalitat.

La renuncia de Vallès todavía no se ha publicado en el portal de transparencia metropolitano pese a que ya han transcurrido cinco meses.

De los diez expertos nombrados hasta la fecha para formar parte de este consejo asesor de transparencia, cinco ya lo han abandonado: además de Vallès, también lo dejaron la jurista Carme Ballbé, la funcionaria Olga Sala, la historiadora Àngels Bernal y la arquitecta Carme Ribas.

Los cinco que continúan en el consejo son Victòria Camps, catedrática de filosofía de la moral y exsenadora socialista; Tomàs Font, catedrático de derecho administrativo y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat; Manel Camós, ex alto funcionario de la Comisión Europea; Mercè Barceló, catedrática de derecho constitucional; y el abogado Joaquim Triadú, que fue alto cargo y consejero de presidencia de los gobiernos de Jordi Pujol.

Un consejero de Jordi Pujol (Joaquim Triadú) enfrentado a ICV ahora asesora en transparencia al AMB de Ada Colau

Curiosamente, Triadú protagonizó hace unos años una polémica parlamentaria instada por Iniciativa per Catalunya (formación que se integró a los comuns de Colau) porque los despachos de abogados para los que ha trabajado —primero, Garrigues, y hasta la actualidad, PwC­­­— representaron a la Fundación del Palau de la Música en el caso Millet.

Ninguno de estos despachos formuló acusaciones contra Convergència por el saqueo del Palau de la Música, pese a que la Audiencia de Barcelona acabó condenando este partido al pago de 6,6 millones de euros y, a su tesorero, a una pena de cuatro años y cinco meses de cárcel.

Aunque Triadú no llevó personalmente la representación de la Fundació Palau de la Música resulta llamativo que, cuando dejó Garrigues para pasar a PwC, la fundación también realizó el mismo cambio.

La designación de los miembros del consejo asesor corresponde a Colau, que es la que firma los nombramientos en calidad de presidenta de la AMB. No son cargos retribuidos y su función es la de reunirse como mínimo una vez al año para presentar propuestas, que no son vinculantes, a la Agencia de Transparencia metropolitana.

En realidad, el consejo asesor sirve para dar empaque al aparato de transparencia metropolitana que ha montado Colau. Como dice un miembro del comité de empresa del AMB, “queda bonito tener a unos catedráticos por ahí que hacen propuestas” que no son vinculantes y, por lo tanto, que nadie tiene la obligación de cumplir.

Conflictos internos en la Agencia de Transparencia

Fuentes sindicales subrayan que el consejo asesor es un “adorno” porque la responsabilidad de la transparencia metropolitana recae en la Agencia que dirige Gemma Calvet, nombrada para este cargo expresamente por Colau.

Calvet se situó al frente de la Agencia de Transparencia en diciembre de 2015 después de no renovar como diputada en el parlamento catalán. Formó parte del grupo de ERC como independiente, pero el cargo en la AMB se lo debe a Colau. Su retribución alcanza los 82.919 euros brutos anuales.

Calvet tuvo un agrio enfrentamiento con trabajadores de la Agencia de Transparencia. Estas tensiones incluso saltaron a los medios en su momento. Denunciaron supuestas presiones y un clima de trabajo insoportable.

Las fuentes sindicales consultadas indican que el conflicto laboral se recondujo después de una intermediación. No obstante, critican que Calvet trasladase la Agencia de Transparencia que estaba en la sede central de la AMB, en la Zona Franca, a unas oficinas en el barrio de Sant Gervasi. Estas fuentes reconocen que el área de transparencia ahora está “fuera de nuestro radar”.

La gestión del portal de transparencia recibe críticas. No está actualizado y faltan múltiples datos, especialmente relativos a la contratación. Este hecho adquiere relevancia después de que la Sindicatura de Cuentas detectara centenares de supuestas anomalías en contratos menores al fiscalizar el ejercicio de 2016.

Miguel Jurado, portavoz del PP en el AMB, advirtió en último pleno de la corporación que se está incumpliendo la obligación de publicar la adjudicación de contratos menores en el portal de transparencia. Permite a los ciudadanos consultar una parte de los contratos, pero no la totalidad, y ninguno a partir de septiembre de 2019.

Tampoco aparece en el portal metropolitano la lista de cargos de confianza como hace el resto de administraciones públicas catalanas.

Colau se cubre con la bandera de la transparencia

Pese a ello, el gobierno de Colau se cubre con la bandera de la transparencia. El pasado mayo, el gobierno metropolitano anunció la creación de un “buzón ético” para que empleados y ciudadanos puedan denunciar de forma anónima las malas prácticas de la administración o los conflictos de intereses.

Este “buzón ético” es una copia del que Colau puso en marcha en el Ayuntamiento de Barcelona en 2017. Todavía no han informado de sus resultados. Ambas administraciones, encabezadas por Colau, firmaron un protocolo para compartir la tecnología.

El pasado junio, el AMB lazó la segunda convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación en el ámbito de “la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno”. Esta convocatoria está dotada con 100.000 euros.