La Justicia europea desestima 2 recursos contra las cargas policiales del 1-O

Desde Estrasburgo consideran que las denuncias presentadas contra la actuación policial son "infundadas" y no ven vulneración a los derechos humanos

Imagen de archivo de una sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos | Wikimedia

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado este lunes los dos primeros recursos presentados por dos de los heridos leves durante las cargas policiales del 1 de Octubre de 2017 en Cataluña en el contexto del referéndum ilegal que llevó a la posterior declaración unilateral de independencia protagonizada por el govern de Carles Puigdemont.

La corte europea, situada en la ciudad francesa de Estrasburgo, ha considerado además que las denuncias son «infundadas» y no ve en la actuación policial ninguna vulneración a los Derechos Humanos, respondiendo así a dos vecinos de la comarca catalana del Bages que el pasado año 2020 presentaron sendos recursos contra España al considerar que se había vulnerado su derecho a un juicio justo.

Los denunciantes también consideraron que las actuaciones policiales vulneraron los derechos de reunión, libertad de expresión o el derecho a no ser sometido a un trato inhumano o denigrante.

De hecho, el propio Tribunal europeo ha notificado que «a la vista de las pruebas aportadas, no parece que se haya producido una vulneración de derechos y libertades», según ha recogido la agencia de noticias catalana ACN.

Esta decisión judicial es inapelable, definitiva y no se puede recurrir, ya que para llegar al TEDH primero se agotó la vía judicial española. En este sentido, sientan un precedente jurídico para todos los recursos y vías judiciales abiertas a raíz del 1 de Octubre que esperan a la resolución o a la llegada de su caso a manos de un juez de Estrasburgo.

A pesar de ello, no impide que aquellos que tengan una causa abierta afectados por el 1-O no puedan recurrir a dichas instancias judiciales una vez haya terminado la vía interna en España. De hecho, según recoge El Periódico, decenas de policías y guardias civiles permanecen imputados por un uso excesivo de la fuerza en las cargas para impedir la votación del 1-O. No obstante, la mayoría de los casos abiertos se encuentran repartidos por las instancias catalanas.

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