La nueva TV3, bajo la lupa: un informe advierte de la «politización estructural» en la CCMA
La fundación Hay Derecho señala la paradoja institucional que supone que la CCMA cuente con un "exigente" diseño normativo, pero carezca de mecanismos efectivos de cumplimiento
Fachada de la sede de 3cat. Foto: David Zorrakino / Europa Press.
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La Fundación Hay Derecho ha advertido sobre la politización estructural y la meritocracia erosionada que reina en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la entidad que gestiona 3Cat, la plataforma digital que integra los contenidos de la cadena de televisión TV3 y la emisora Catalunya Ràdio. También ha trasladado su preocupación por la paradoja institucional que supone que la CCMA cuente con un «exigente» diseño normativo, pero carezca de mecanismos efectivos de cumplimiento.
Así lo concluye en el informe ‘El dedómetro: estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público institucional en Cataluña’, que tiene como objetivo determinar si las personas que dirigen el sector público de la comunidad autónoma son las más idóneas. Para elaborar el análisis, ha valorado la formación académica, la experiencia profesional y la vinculación política previa de 150 directivos de 40 entidades públicas catalanas.
Politización en TV3 y Catalunya Ràdio
La idoneidad de los perfiles seleccionados para presidir la entidad que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio se ha ido erosionando con el paso del tiempo, alerta la fundación. En el año 2010, cuando arranca el periodo analizado y gobernaba la comunidad autónoma el PSC, se registra la puntuación más elevada, de un 10, para Enric Marín. Sin embargo, cuando gobierna CIU y preside la entidad Brauli Duart, la puntuación cae en picado hasta registrar el valor más bajo, de tres puntos.
Núria Llorach, quien ocupó la presidencia funciones entre 2018 y 2022, logra el aprobado raspado. También consigue el aprobado de la actual presidenta de la CCMA, Rosa Romà, elegida durante la etapa en la que ERC y Junts gobernaban Cataluña en coalición. Si bien el informe reconoce que el nombramiento introduce «cierta mejora técnica», deja bien claro que aún sigue estando condicionado por acuerdos políticos de equilibrio entre fuerzas parlamentarias.
«A pesar de la existencia de procedimientos formales orientados a garantizar profesionalización e independencia, la reiteración de cargos en funciones, la prolongación de mandatos caducados y la escasa rotación efectiva han debilitado la aplicación real de dichos criterios», señala para acabar puntualizando que la situación se ha visto agravada por los periodos de bloqueo institucional que ha vivido el Parlament y que han impedido que «una renovación oportuna» de los órganos de dirección.
En este contexto, considera que el caso de la entidad que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio evidencia una paradoja institucional. «Contar con un diseño normativo exigente no garantiza, por sí solo, una gestión profesionalizada si no existen mecanismos efectivos de cumplimiento, rendición de cuentas y control de mandato», enfatiza en el informe.
Cómo se elige a los directivos de la CCMA
El marco normativo de la CCMA contempla requisitos explícitos para la elección de su presidencia, entre los que figuran la valoración de méritos profesionales en el ámbito audiovisual, experiencia directiva y la presentación de un proyecto de gestión, recuerda la fundación. Por su parte, los seis miembros restantes que conforman el consejo de gobierno de la entidad que gestiona Tv3 y Catalunya Ràdio deben demostrar «méritos profesionales relevantes».
La composición del consejo del máximo órgano de gobierno y administración de la CCMA se elige a partir de una lista de candidatos que el Parlament de Catalunya envía al Consell de l’Audiovisual (CAC) para que emita un informe sobre su idoneidad. Posteriormente, la Cámara catalana elige a los consejeros por mayoría de dos tercios, o bien, por mayoría absoluta, si es necesaria una segunda votación.
El mandato de los miembros del consejo de gobierno de la entidad que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio es de seis años y entre sus funciones se encuentra establecer las directivas para que la programación cumpla la misión de servicio público y aprobar el anteproyecto de presupuesto, las directrices sobre las emisiones de publicidad, las retribuciones de personal o la memoria anual.
Más malas prácticas
Otra de las entidades sobre las que pone el foco el informe es el Institut Català del Sòl (Incasòl), adscrito al Departament de Territori. A lo largo del periodo analizado, la entidad ha experimentado una alternancia entre directivos con trayectorias poco alineadas con las funciones del organismo y perfiles altamente cualificados, con experiencia y formación en urbanismo, arquitectura o gestión pública.
También denuncia la ausencia de meritocracia en la Agència Catalana de la Joventut (ACJ), donde todos sus directores destacan por bajos perfiles de profesionalización y tecnificación, lo que les lleva al suspenso en idoneidad. Por su parte, los nombramientos con falta de experiencia específica y trayectoria desarrolladas principalmente en estructuras partidistas lleva a los autores del análisis a pensar que la Agència de Residus de Catalunya (ARC) es vista como una plataforma para adquirir legitimidad técnica tras el acceso al cargo.
Entre los casos mencionados se encuentra, asimismo, el de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), que depende del
Departament d’Acció Exterior y donde la fundación detecta niveles muy dispares en los indicadores de idoneidad, lo que sugiere una «falta de coherencia institucional» en los y la percepción de que la relevancia estratégica de la entidad ha disminuido de forma progresiva.
