Los jueces meditan ir al Constitucional si el Gobierno sigue sin escucharlos

Los magistrados no entienden el silencio del Congreso y del Gobierno y estudian presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo que ha mostrado su malestar con el GobiernoEFE/Archivo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo que ha mostrado su malestar con el GobiernoEFE/Archivo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lanza un primer aviso al Gobierno de coalición ante la ‘mordaza’ impuesta a los jueces. El no poder enviar al Congreso ni al Gobierno un informe acerca de la reforma de la ley que limita sus funciones “no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes”, señalan en un durísimo comunicado. Fuentes del órgano consultadas no descartan acudir al Tribunal Constitucional, si hiciera falta, ante el caso omiso por parte de la Mesa del Congreso y del Gobierno de coalición.

El CGPJ aprobó este jueves, en pleno extraordinario, por 16 votos a cinco un nuevo texto solicitando a la Mesa del Congreso y a PSOE y a Unidas Podemos que reconsideren su postura, tras rechazar que el órgano y la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho -conocida como Comisión de Venecia- informaran sobre la reforma lanzada por el Gobierno que limita sus poderes.

El debate fue amplio y una gran mayoría de vocales jueces aseguraron no entender la desatención por parte de la Mesa del Congreso. Los magistrados pidieron explicaciones para rechazar que se les pueda consultar sobre una reforma que afecta a sus competencias constitucionales. “No nos dieron razón alguna”, indican a Economía Digital fuentes del órgano.

“Lo que verdaderamente importa a este Pleno es que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial”, destacan en su escrito.

Acudir al Constitucional

Los magistrados no quieren dejar pasar este asunto, que consideran, en privado, “de gravedad” ante la falta de debate sobre una ley fundamental. “No solo desconoce el papel del Consejo como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho”, señalan.

Ante un ambiente más que caldeado con su presidente, Carlos Lesmes, adoptando una postura de árbitro entre el Gobierno y los jueces, según fuentes presenciales, hubo magistrados que, incluso, plantearon acudir al Constitucional si el Ejecutivo y la Cámara Baja seguían sin contestar.

Las mismas fuentes explican que tras insistir en que la reforma legal propuesta por los partidos del Gobierno supone una injerencia en el Poder Judicial y va contra el artículo 122 de la Constitucional Española y el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sería necesario “pasar a mayores” y eso incluye al TC.

“Se podría presentar un conflicto de atribuciones para dejar constancia de que la reforma que plantean es inconstitucional”, explican desde el CGPJ. Una acción que no paralizaría ni mucho menos la reforma, pero dejaría constancia de que fue aprobada sin el visto bueno de los propios jueces. Un revés para el Gobierno.

Las mismas fuentes recuerdan que la “baza de Europa” no está agotada porque todavía falta por conocer el dictamen que realizan en Bruselas sobre la reforma que busca limitar los nombramientos del órgano judicial cuando esté en funciones. También señalan las advertencias del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) que apuntan en el mismo sentido que defienden los propios magistrados. Varios magistrados no se dan por vencidos, apuntan a más acciones ante el caso omiso del Ejecutivo y esperan que se haga justicia.