Sánchez, de la crisis del «no es no» al fiasco del «sí es sí»

Hay un puñado de razones por las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es pionero en España. Lo es, cierto, por ser el primero con su responsabilidad en gestionar una pandemia, una guerra, un volcán. También lo es por liderar el primer Ejecutivo en democracia de coalición, dirigiendo un Consejo de Ministros compuesto por distintas filiaciones orgánicas. Pero lo es, principalmente, por haber sido el dirigente del PSOE que, hace ya más de un lustro, se plantó en contra de la mayoría de su partido, dimitió como secretario general socialista por no estar de acuerdo con facilitar la investidura de Mariano Rajoy y acuñó el no es no como eslogan.

Precisamente, ese no es no inauguró un antes y un después, una ruptura del bipartidismo para pasar a la política de bloques, donde las sumas se hacían sólo desde los partidos mayoritarios a sus opciones similares pero más polarizadas, con las que compiten en electorado y en posicionamientos ideológicos. Nada de grandes coaliciones o de partidos bisagra: los Ejecutivos nacidos después de aquel hito han mirado más hacia los extremos que hasta aquel momento.

Es ahí donde nace el germen de la crisis que ahora mismo atraviesa el Gobierno de España y que tiene en vilo a los dos socios de Moncloa, el PSOE y Unidas Podemos: la reforma de la ley del sólo sí es sí. Un conflicto de posturas sobre la resolución de un fiasco legislativo a pesar de estar de acuerdo en el fondo de la cuestión, una ley que al albur de las movilizaciones del movimiento feminista buscaba prohibir que se castigara como abuso lo que en la calle se entiende como violación y, ahora, se tipificaba como agresión.

Yolanda Díaz media, aunque rema para Montero

En Ferraz, aseguran fuentes socialistas a este periódico, comienza a apoderarse la incredulidad sobre el enrocamiento de la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), y el resto de cargos morados en el Gobierno, en la negociación sobre cómo volver a subir las penas para que no se produzcan las rebajas y los excarcelamientos que han tenido lugar desde que los tribunales aplican esta legislación. Según datos del Poder Judicial, ya se superan los 500 casos.

Así, y mientras la interlocución está «rota» entre los designados por Sánchez por el lado socialista -Félix Bolaños y María Jesús Montero, una vez la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sido obligada a dar un paso atrás– e Irene Montero y su equipo, Sánchez ha tenido que calmar los ánimos y asegurar desde Bruselas que no está en juego el Gobierno de coalición.

Fuentes socialistas indican a este diario que lo «verdaderamente importante» es que todos los implicados quieren reformar la ley, aunque Podemos sólo lo haga «porque lo ha pedido el presidente», en palabras de la propia Montero. De hecho, según confirman fuentes del entorno a Economía Digital, incluso la vicepresidenta Yolanda Díaz ha tratado de mediar en las posturas, aunque apoye en privado a la ministra de Igualdad.

Sánchez, solo con el PNV

Pero lo cierto es que, visto que la aprobación de la reforma coincidirá, sí o sí, con la semana del 8-M, Día de la Mujer, y eso a pesar de que el grupo parlamentario socialista solicitara este viernes la tramitación por procedimiento de urgencia de su proposición de ley, al PSOE no le queda otra que buscar apoyos parlamentarios para conseguir que salga adelante.

Los socialistas dieron este paso cuatro días después de presentar la proposición de ley que precisamente no pudo calificarse en la Mesa del Congreso de este martes por haberse registrado un día antes, aunque el PP criticó que la iniciativa podría haberse presentado en mano ya que había mayoría «más que de sobra» para apoyar su admisión a trámite. Pero desde el PSOE no quieren tener que contar con los populares, a pesar de que sí le darán su sí. Sería muy difícil de explicar en campaña.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró este viernes que la ministra de Igualdad, Irene Montero, «no se va a desentender» de estas negociaciones y ha mostrado la disposición del grupo parlamentario para seguir contactando con todos los socios de investidura, que en su mayoría piden rebajar el tono, hacer menos ruido, y negociar todo el Ejecutivo una propuesta unitaria.

De momento, en el Congreso, el PSOE cuenta con el apoyo del PNV a la toma en consideración de la proposición de Ley tras argumentar que «mantiene el consentimiento y el tipo penal» y, por tanto, considera que la iniciativa podría servir para estrechar y delimitar las horquillas de las penas y «acotar» el margen de discrecionalidad de los jueces a la hora de aplicar la ley.