Jornada de 35 horas para funcionarios: cómo y cuándo comenzará a aplicarse en el Estado
Archivo – La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
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La jornada laboral de 35 horas semanales para los más de 500.000 funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se concretará en los próximos días para entrar en vigor previsiblemente entre febrero y marzo de 2026 según UGT Servicios Públicos, uno de los sindicatos mayoritarios en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI junto a CCOO y CSIF.
La medida está pendiente desde la firma del pacto salarial en diciembre de 2025 —que eleva los sueldos un 11,4% acumulado durante tres años—, se resolverá en la Mesa General de Negociación de la AGE mediante la modificación de la instrucción de jornada y horarios vigente (Real Decreto 364/2022), sin alterar su ámbito subjetivo y adaptándola al nuevo marco negociado.
El Gobierno se ha comprometido explícitamente a implementarla en el primer trimestre, respondiendo a una reivindicación histórica que el acuerdo anterior (2018-2024) ya preveía de forma general, pero que dejó su desarrollo a la autoorganización de cada administración.
Mientras, 15 comunidades autónomas —incluidas Madrid, Cataluña y Andalucía— aplican ya las 35 horas desde 2024-2025 con mejoras de productividad del 5-8%, la Administración Central ha acumulado retrasos normativos y presupuestarios, en un contexto donde los 2,1 millones de empleados públicos nacionales absorben el 10,5% del PIB en gasto salarial y generan tensiones por listas de espera administrativas y el «síndrome de estar quemado».
Acuerdo Marco 2025
El Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, rubricado el 20 de diciembre de 2025 entre Hacienda y los sindicatos mayoritarios, supone la mayor subida salarial en una década para la Función Pública: 4% en 2026, 3,5% en 2027 y 3,9% en 2028, más pagos complementarios por carrera profesional, complementos específicos y fondos adicionales para retribución variable, beneficiando directamente a ~300.000 empleados de la AGE y extendiéndose por mimesis a autonómicas.
Este pacto sustituye al vencido en 2024 y responde a la escalada inflacionista post-pandemia, incorporando cláusulas de para proteger el poder adquisitivo.
UGT advierte que el teletrabajo, basado en el pacto de abril de 2021 con Miguel Iceta, requerirá “soporte normativo sólido” para un desarrollo homogéneo, dado que el 43% de funcionarios lo practicaba en 2023 (INE) pero con disparidades y litigios por derechos.
Teletrabajo consolidado
El teletrabajo, consolidado por la pandemia y que se estima que cubre un 30-40% de la actividad según datos internos, se regulará definitivamente ampliando el acuerdo de 2021 que permite hasta 3 días semanales para puestos compatibles, con énfasis en el Plan de Digitalización 2024-2026 que invierte 2.000 millones de euros en herramientas, ciberseguridad y formación.
UGT reclama homogeneidad para evitar fracturas territoriales y garantizar derechos digitales como la desconexión y el uso de equipos.
