Así varía el precio de la ITV por comunidades, según la OCU
El estudio revela fuertes desigualdades entre regiones: mientras en Ceuta, País Vasco o Cantabria la ITV supera los 53 euros, en Andalucía, Extremadura o Madrid cuesta hasta un 25% menos
Inspección Técnica de Vehículos ITV de Sanlúcar La Mayor (Sevilla). EFE/Julio Muñoz
Comentarios
La Inspección Técnica de Vehículos (ITV), un trámite obligatorio para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas medioambientales, no cuesta lo mismo en toda España. Un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que el precio puede variar hasta en 29 euros dependiendo de la comunidad autónoma y del tipo de vehículo.
Según el informe, las ITV más caras se encuentran en Ceuta, País Vasco y Cantabria, donde la tarifa media supera los 53 euros. En el extremo opuesto, Andalucía, Extremadura y Madrid ofrecen los precios más competitivos, situados alrededor de los 38 euros. Esta disparidad, explica la OCU, no responde a una diferencia en la calidad del servicio, sino a la gestión y el modelo de titularidad de las estaciones, que en algunos territorios están en manos públicas y en otros, bajo concesión privada.
El tipo de motor también marca la factura
El estudio detalla que no todos los vehículos pagan lo mismo. Los coches eléctricos son los más baratos de inspeccionar, con tarifas inferiores a los 40 euros, al tener menos elementos mecánicos que revisar. En el caso de los vehículos de gasolina, la media nacional se sitúa en 44 euros, mientras que los híbridos y diésel pueden alcanzar los 51 euros o más, debido a las pruebas adicionales de emisiones contaminantes.
Estos datos ponen de relieve que el tipo de motorización influye tanto como la ubicación del conductor. Así, un coche diésel en Cantabria puede pagar casi 15 euros más que uno eléctrico en Extremadura por una inspección que, en esencia, cumple la misma función.
La OCU atribuye gran parte de la brecha de precios a la gestión del servicio. En comunidades como Castilla y León, Madrid o Murcia, las ITV están en manos privadas, lo que incrementa la competencia, pero también puede elevar los costes en algunos casos. Por el contrario, regiones como Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana o Extremadura mantienen un modelo de gestión pública, lo que permite una mayor homogeneidad y control sobre las tarifas.
Este sistema, según la OCU, “no garantiza que siempre sea más barato, pero sí ofrece más transparencia y estabilidad en los precios”. La organización también apunta que la falta de una regulación estatal unificada provoca que cada autonomía imponga sus propias tarifas y criterios de funcionamiento, generando un panorama fragmentado para los usuarios.
Esperas más largas en Galicia y mayor agilidad en Madrid y Baleares
El precio no es el único factor que varía entre regiones. La OCU ha detectado diferencias notables en los tiempos de espera para conseguir cita. En Galicia, los conductores pueden llegar a esperar hasta seis días, mientras que en Madrid y Baleares la cita suele obtenerse en uno o dos días de media.
Esta situación se explica, en parte, por la densidad de población y la distribución de estaciones. En zonas rurales o con pocas ITV operativas, la demanda se acumula, alargando los plazos. En cambio, en las grandes ciudades o en regiones con redes amplias, la rotación es más ágil y el proceso se completa con mayor rapidez.
La organización advierte que retrasarse en pasar la inspección puede salir caro: circular con una ITV caducada supone una multa de 200 euros, además de la posible retirada temporal del vehículo si no se corrige la falta.
Libertad para elegir dónde pasar la ITV
Uno de los aspectos menos conocidos por los conductores es que no existe obligación de pasar la ITV en la comunidad donde está matriculado el vehículo. Es decir, un coche con matrícula de Castilla-La Mancha puede acudir a una estación en Andalucía o Madrid si el conductor considera que allí el servicio es más rápido o económico.
La OCU recuerda que esta libertad de elección puede aprovecharse para ahorrar dinero y tiempo, especialmente en las zonas fronterizas entre comunidades. No obstante, recomienda verificar previamente la validez de la cita y la homologación de la estación, ya que algunos sistemas de gestión autonómicos aún no están plenamente integrados.
Ante estas desigualdades, la Organización de Consumidores y Usuarios reclama al Gobierno central y a las comunidades autónomas una mayor coordinación en materia de precios y gestión del servicio. Según el informe, la ITV debería tener unos criterios unificados que garanticen la igualdad de trato y coste para todos los conductores del país.
La OCU considera que la seguridad vial no debería depender del código postal, y que la fragmentación actual “penaliza a los ciudadanos que viven en regiones con tarifas más elevadas sin ofrecer un mejor servicio a cambio”. Además, propone que las tarifas incluyan bonificaciones por vehículo ecológico o planes de fidelización para flotas profesionales, con el fin de incentivar el mantenimiento responsable y reducir el impacto medioambiental.
Un servicio necesario, pero desigual
Pese a las diferencias detectadas, la ITV sigue siendo una herramienta esencial para garantizar la seguridad en las carreteras. En 2024, más de 21 millones de vehículos pasaron por alguna de las más de 400 estaciones de ITV en España, y se estima que cerca del 20% de los automóviles circula con la inspección caducada o desfavorable, según datos del sector.
La OCU concluye que, aunque el servicio cumple su función técnica, falta una política común que asegure precios justos y homogéneos. Mientras tanto, los conductores españoles deben seguir comparando tarifas y planificando con antelación para evitar sorpresas.
