Valencia y Murcia estudian acciones legales ante las “graves irregularidades” en la gestión del Plan del Tajo
Ambas comunidades intensifican la coordinación política, técnica y jurídica para defender el trasvase Tajo-Segura
El río Tajo. EFE/Ismael Herrero
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Los gobiernos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia han decidido activar una respuesta conjunta y firme tras detectar “irregularidades de extrema gravedad” en la gestión del Plan del Tajo por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). La preocupación compartida por el futuro del trasvase Tajo-Segura, elemento esencial para el desarrollo socioeconómico del sureste español, ha impulsado una reunión de alto nivel para evaluar posibles acciones legales.
Un encuentro que marca un punto de inflexión
El conseller valenciano de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, mantuvo en Valencia un encuentro de trabajo con la consejera murciana del ramo, Sara Rubira, junto al presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, y los equipos técnicos y jurídicos de ambas comunidades. El objetivo: alinear criterios y estudiar un frente común ante lo que consideran una gestión “opaca y carente de rigor” en la cuenca cedente.
“Vamos a analizar todas las vías de defensa frente a las irregularidades detectadas, incluido el ejercicio de acciones judiciales”, señaló Barrachina, recalcando que la situación “no admite más demoras” y que las administraciones autonómicas tienen la obligación de “proteger un sistema que garantiza agua, empleo y estabilidad a cientos de miles de ciudadanos del Levante”.
En su intervención, Barrachina destacó la trascendencia del trasvase Tajo-Segura para la agricultura alicantina, una actividad que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos. “Su eliminación tendría efectos devastadores para nuestras comarcas y para miles de familias que viven del regadío”, afirmó.
El conseller subrayó que no se trata de un debate técnico aislado, sino de una cuestión de Estado. “No vamos a permitir que decisiones unilaterales y sin base técnica comprometan décadas de equilibrio y esfuerzo compartido entre cuencas”, dijo con rotundidad. También reclamó a la Confederación Hidrográfica del Tajo “transparencia, rigor y respeto a la legalidad vigente”.
Críticas al enfoque del Gobierno central
El Consell volvió a insistir en que España cuenta con recursos hídricos suficientes, siempre que exista una política de gestión “técnica, no ideológica”. Barrachina aseguró que los trasvases son “una herramienta eficiente, solidaria y avalada por décadas de experiencia”, lamentando que el Gobierno de España haya ido “demonizando estas infraestructuras hasta convertirlas en un enemigo político”.
Para ambas comunidades, el debate actual va más allá del propio sistema Tajo-Segura. Ven en esta situación un precedente peligroso que podría abrir la puerta a nuevas restricciones sin sustento técnico, poniendo en riesgo la seguridad hídrica del sureste peninsular. Los informes del CEDEX, analizados por los equipos técnicos valencianos y murcianos, señalan inconsistencias significativas en los caudales del Tajo, especialmente en lo referente a los desembalses desde la cabecera y los consumos asociados.
Estas anomalías carecen de documentación técnica que las justifique, lo que, según ambas administraciones, genera un escenario de incertidumbre difícilmente compatible con una gestión moderna y transparente. No existen actas, acuerdos formales ni informes públicos que respalden el actual régimen de desembalses, lo que a juicio de los gobiernos autonómicos evidencia una “falta de control inaceptable” por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Un incumplimiento que se agrava: sin programa de seguimiento desde 2024
Otro de los elementos más preocupantes es la ausencia del Programa Especial de Seguimiento, un documento obligatorio desde 2024 destinado a evaluar los efectos reales de los nuevos caudales ecológicos. La falta de este programa supone un incumplimiento directo de la normativa hidrológica, impidiendo valorar el impacto de los cambios en la cuenca del Tajo y, por extensión, sus consecuencias sobre el trasvase.
A ello se suman los caudales irregulares detectados en Aranjuez y los desajustes en los balances hídricos oficiales, que ponen en duda la fiabilidad de los datos que sustentan el Plan Hidrológico vigente.
Advertencia ante el escenario de 2026
Según las estimaciones técnicas, los nuevos desembalses previstos para 2026 serían incompatibles con los volúmenes de referencia actualmente vigentes. El aumento de los caudales mínimos —que pasarían de 400 a más de 500 hectómetros cúbicos— solo puede aprobarse en el marco de una planificación hidrológica estatal, nunca mediante decisiones puntuales o instrucciones administrativas.
Las dos comunidades advierten que, de aplicarse sin un proceso técnico adecuado, estos cambios podrían comprometer la viabilidad del regadío levantino y generar un impacto económico irreversible.
Ante este panorama, los gobiernos valenciano y murciano han acordado estudiar la interposición de acciones judiciales y la solicitud de medidas cautelares urgentes. El objetivo: frenar cualquier decisión que pueda causar daños irreparables al abastecimiento y al regadío del Levante.
Ambas administraciones coinciden en que la situación requiere una respuesta inmediata y coordinada, basada en la evidencia técnica y en la defensa del interés general. “Defender el trasvase no es una opción; es una obligación con nuestro territorio, con nuestros agricultores y con nuestro futuro”, concluyó Barrachina.
