La Generalitat pone en peligro 858 empleos si no regula las licencias VTC

Las patronales de las VTC advierten que la desaparición del sector supondría una pérdida de 160 millones para la Comunidad Valenciana

EFE/Quique García

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Unauto y Aseval Madrid, las patronales de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), han advertido, mediante un comunicado, de la pérdida de más de 61.000 empleos en España si las comunidades autónomas no regulan las licencias antes de octubre del año que viene en sus territorios.

En el caso particular de la Comunidad Valenciana, con 858 autorizaciones (el 5% del total nacional) y también con restricciones añadidas, la cuantía económica resultante de la desaparición del VTC en la región sería de casi 160 millones de euros en ingresos.

Además, estiman que las indemnizaciones compensatorias de la Administración podrían alcanzar los 1.377 millones de euros en las Comunidades Autónomas que han introducido restricciones operativas a las licencias VTC en el periodo transitorio, como en el caso de Valencia, según cálculos de la consultora E&Y.

Con la desaparición del sector de la VTC, también creen que se vería afectada la calidad de la movilidad para los ciudadanos, ya que, actualmente, más de 8 millones de españoles hacen uso regular de los servicios y las pérdidas económicas podrían superar los 2.500 millones anuales

En el caso de la Comunidad Valenciana, apuntan que la Generalitat «no solo no ha aprobado una regulación para que las licencias VTC puedan operar más allá de 2022, sino que aprobó un Decreto Ley posterior (DL 4/2019 del Consell de la Generalitat Valenciana), que impuso nuevas restricciones, como un requisito de precontratación de 15 minutos»

En semanas venideras, añaden, también entrarán en vigor unas modificaciones de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de València, que incluyen medidas aún más restrictivas y lesivas para el sector, como una contratación con hasta de 60 minutos o la prohibición de aparcar a menos de 300 metros de determinados «puntos de atracción de demanda», según apunta Valencia Plaza.

Además, el sector ya ha previsto para los próximos cinco años una inversión superior a los 800 millones por la adquisición de nuevos vehículos eléctricos e infraestructuras de carga.

Esta situación viene provocada porque en 2018, el entonces ministro de Transportes, el valenciano José Luis Ábalos, aprobó un decreto transitorio de cuatro años por el que transfería a las regiones las competencias para regular la actividad de VTC en el marco de una ‘batalla’ entre este sector y el del taxi.

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