Aynat y sus colaboradores intentaron sin éxito que Uría Menéndez validase el trasvase de Gedesco a Toro: "El informe es demoledor"

Los que fueran consejeros de Toro Finance, sociedad controlada por el que a su vez era consejero delegado y cofundador del Grupo Gedesco, Antonio Aynat, encargaron un informe a Uría Menéndez «con el que pretendían justificar y legitimar su actuación» en el vaciado de la financiera y presunto traslado de activos hacia otras mercantiles, con especial protagonismo precisamente de Toro. Sin embargo, el informe del despacho de abogados resultó «demoledor» para el objetivo que perseguían los consejeros de justificar estas operaciones.

Así lo refleja el administrador concursal del grupo en los informes finales sobre el concurso, a los que ha tenido acceso Economía Digital, que suman más de 1.000 páginas y que fueron firmados el 7 de mayo y el 8 de abril, respectivamente. Estos documentos describen toda la operativa analizada por el administrador concursal que llevó al desmantelamiento y desaparición de la que fuera la que fuera la mayor financiera no bancaria de España, valorada en su momento en 1.000 millones de euros, y que concluye con una calificación culpable.

Estos informes, sobre los que ha venido informando este diario aquí, se refieren a cómo sobre los efectos de esa resolución contractual y del resto de operaciones vinculadas al traspaso del negocio del Grupo Gedesco a Toro se pronunció el despacho de abogados Uría Menéndez en un documento denominado ‘Red-Flag’ Legal Vendor Due Diligence Report (el «Informe Uría»).

Se trata de un documento encargado por los propios Consejeros de Toro en abril de 2024 con el que pretendían «justificar y legitimar su actuación». Sin embargo, las conclusiones finalmente alcanzadas por Uría en su informe «no pudieron ser más claras y contrarias para sus intereses«, según expone el administrador concursal.

El Informe Uría hace referencia a «múltiples riesgos» derivados del traspaso del negocio de Gedesco a favor de Toro. A modo de ejemplo, el informe identifica como «riesgo significativo» la legitimidad de las transferencias realizadas a favor de Toro, de las que advierte expresamente que «pueden ser interpretadas como un intento de vaciamiento patrimonial del Grupo Gedesco».

Antonio Aynat, fundador del Grupo Gedesco.

También se pone especial énfasis en la existencia de un «flagrante conflicto de intereses«, al participar los administradores involucrados en la operación en la toma de decisiones en ambas entidades (Gedesco y Toro), de forma que «estarían incumpliendo sus deberes fiduciarios».

Incluso se alude en el Informe Uría al riesgo de calificación de concursal -justo el que ahora afrontan los administradores-, destacando que ese traspaso de activos y del negocio a favor de Toro podría contribuir a agravar la insolvencia de la financiera que dirigía Aynat, lo que «finalmente ha sucedido».

Otras contingencias a las que igualmente apunta el informe son, entre otras, los posibles incumplimientos normativos, los riesgos derivados de los traspasos de trabajadores, del hardware a través del que se desarrollaba el negocio o de la falta de derechos de propiedad intelectual de Toro para explotar el software de Gedesco, entre otros.

En definitiva, el informe Uría resulta en opinión del administrador concursal «demoledor«. «No se puede decir con más claridad. Y lo dice el asesor cuyo rol era prestar servicio en una posible venta, que pese a ello, no podía dejar de señalar lo innegable«, añade.

El 93% de los dispositivos con los que opera Toro y 70 empleados, de Gedesco

De hecho, el Informe Uría advierte de que más del 93% de los dispositivos tecnológicos que opera Toro para poder desarrollar su negocio provienen directamente de las concursadas del Grupo Gedesco, «sin que exista documentación acreditativa que respalde dicha transmisión ni contraprestación alguna que lo justifique».

Esta misma conclusión se extiende al personal: el Informe Uría alerta de que el traspaso de más de 70 empleados desde Gedesco a Toro podría constituir «una verdadera sucesión de empresa, dada la magnitud e intensidad del cambio, que afectó no solo a las personas sino también a los medios técnicos y organizativos con los que operaban».

En este sentido, el estudio del administrador concursal expresa que el Informe Uría «identificó expresamente la falta de soporte contractual para justificar la transferencia de los activos informáticos, y consideró que esta maniobra debía ser analizada como un supuesto de apropiación no consentida de bienes de terceros, con las consecuencias jurídicas que de ello se derivan».