Los contratistas denuncian que el Gobierno no ejecutó ninguna de las 27 medidas para evitar las consecuencias de la DANA
El Plan de Riesgos de Inundación del año 2016 contempla distintos proyectos destinados a reducir la gravedad de las riadas
Teodoro Velázquez, Expresidente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana
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Un año después de la DANA que azotó duramente a la provincia de Valencia, cobrándose la vida de 229 personas, todavía hay muchas incógnitas que resolver. Entre ellas, una de las más comunes: ¿podrían haberse evitado las consecuencias de la DANA?.
Teodoro Velázquez, expresidente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, ha aportado un dato clave para entender la magnitud de la riada: no se ejecutaron ninguna de las 27 medidas previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MiTEco),
Según el Plan de Riesgos de Inundación, publicado en el año 2016, había previstos diversos proyectos para evitar la virulencia de las crecidas, como la del 29 de octubre de 2024. Entre las medidas se encontraban 23 planes de encauzamiento, es decir, obras de ingeniería para fijar y regular el cauce de los ríos, claves para evitar todas las consecuencias de una DANA.
También había 4 estructurales de presas previstas para Villamarchante, Montesa, Sellent y Marquesado. La primera de ellas, clave para laminar el río Turia, las dos siguientes para el Júcar, y la última para el Magro. Todas ellas, zonas por donde la riada pasó y dejó grandes daños. Ninguno de estos proyectos han sido ejecutados por el Gobierno.
Toda esta información se aportó durante la jornada «Un año después de la DANA: ¿Estamos preparados?», celebrada el 27 de octubre en Madrid y organizada por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil.
En línea de lo aportado por Teodoro Velázquez, José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, confesó que «si las infraestructuras hidráulicas previstas se hubieran ejecutado, el número de víctimas y los daños materiales habrían sido mucho menores».
Archivado el proyecto de Adecuación Ambiental y de Drenaje de la Cuenca del Poyo
Durante su participación en la jornada, el expresidente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana aportó otro importante dato: el proyecto de Adecuación Ambiental y de Drenaje de la Cuenca del Poyo se encuentra archivado al ser incompatible con la Ley de Huertas, tal y como aparece en Informe de Seguimiento de los Ejercicios 22/23 del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación del MiTEco.
«Una de las primeras cosas que me encontré cuando entré en la página web de la Confederación, es una política del ministerio de ejecutar de forma prioritaria infraestructuras verdes frente a inundaciones», ha señalado Velázquez.
«La política de las infraestructuras verdes basada en la naturaleza es prioritaria para las áreas de riesgo moderado, pero no para las áreas de riesgo extremo, donde es prioritario utilizar todas las medidas de disminución del riesgo de inundación y no las infraestructuras verdes«, ha añadido.
La DANA afectó a las zonas determinadas de riesgo extremo
La ejecución de estas obras cobra más sentido al conocer donde sitúa el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación la zona mayormente afectada por la DANA del 29 de octubre.
El Plan clasifica las zonas en cuadrantes que van desde aquellos donde el riesgo es más controlable hasta los considerados de riesgo extremo, en los que la intervención es urgente e inaplazable.
En los cuadrantes A, C y D, donde los episodios de inundación se consideran más previsibles y con impacto más limitado, las acciones se centran en medidas preventivas, es decir, actuaciones generales destinadas a reducir las consecuencias de posibles crecidas y mejorar la capacidad de respuesta.
Pero la situación cambia por completo en el cuadrante B, donde se concentran nueve áreas catalogadas como de riesgo extremo. Entre ellas destacan el bajo Turia y el bajo Júcar, territorios en los que la combinación de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad alcanza los valores más críticos.
El bajo Turia es la zona con mayor riesgo total, según los datos del primer ciclo del plan de 2016. El informe estima que una inundación con un periodo de retorno de 500 años podría afectar directamente a 159.000 personas y provocar daños económicos superiores a 4.500 millones de euros. En el bajo Júcar, la extensión afectada es incluso mayor, y la población expuesta también supera ampliamente el centenar de miles de habitantes.
Junto a estas dos cuencas, el plan identifica otras zonas de riesgo extremo como la Rambla Gallinera, entre otras. En todas ellas se concluye que es imprescindible actuar con urgencia para mitigar las consecuencias de una inundación severa como la producida por la DANA hace un año.
¿Podrían haberse evitado las consecuencias de la DANA?
Los contratistas de la Comunidad Valenciana han considerado que las consecuencias de la DANA «eran previsibles y en parte evitables» teniendo en cuenta todos los datos e informaciones que hay sobre la mesa.
«Lo que está claro es que con la legislación vigente del período de retorno de 500 años no se ha ejecutado, o sea, la causa principal es que no se han ejecutado ni tan siquiera se han tramitado la ejecución de las medidas estructurales de la presa de Villamarchante, encauzamiento de los barrancos del Poyo y Saleta y acondicionamiento del Turia», ha manifestado.
Además, Velázquez también ha señalado que no se ha ejecutado el sistema de alerta temprana, que ni siquiera está redactado. Todos estos planes están contenidas en los apéndices 1 y 2 del anexo del programa de medida del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación que están aprobados por Real Decreto.
De cara a una nueva DANA, el expresidente de los contratistas ha sido claro: «Mientras no se reduzca la peligrosidad extrema del área, al menos con las medidas previstas, el riesgo seguirá existiendo y será extremo«.
