Aynat y el resto de investigados del caso Gedesco aportan participadas de la propia compañía como fianza

Los querellados del caso Gedesco, en el que se investiga el presunto vaciado patrimonial de la que fuera la mayor financiera no bancaria de España, han aportado como parte de la fianza para atender las posibles responsabilidades civiles en caso de condena empresas participadas por la propia financiera, que se encuentra en desintegración.

En un auto del titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, al que ha tenido acceso Economía Digital, el magistrado recoge esta circunstancia y pide a Fiscalía que informe sobre la «idoneidad y suficiencia» de esta fianza.

En el mismo escrito, el juez del caso Gedesco reduce de 65 a 20 millones de euros la fianza impuesta a los fundadores de la compañía y a dos miembros del destituido consejo de administración.

La histórica fianza de 65 millones, la más alta hasta el momento en la historia judicial española, recaía sobre el ex consejero delegado y ex administrador único, Antonio Aynat, su socio, Javier García Escrivá, otro de los miembros del consejo de administración, José Luis Vilafranca, así como de los antiguos representantes del fondo JZ International (JZI) en la financiera, Miguel Rueda y Ole Groth, contra quienes también se querelló este fondo de inversión norteamericano máximo accionista de la empresa.

Ahora, tras la reducción a 20 millones, esta fianza se sitúa en cuarto lugar, por detrás de la impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al que fuera presidente de la CEOE y propietario del Grupo Marsans y Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, de 50 millones de euros para eludir la prisión, la de 30 millones fijada al también expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de la de otro financiero, Javier de la Rosa, a quien se impuso una fianza también de 30 millones.

En el caso de Aynat y sus presuntos colaboradores, eso sí, se establece para garantizar las responsabilidades civiles de una posible condena por estos hechos.

Sobre la constitución de esta garantía pignoraticia ofrecida por las mercantiles de Aynat, García Escrivá, Rueda y Groth, el juez explica que consta de «las respectivas participaciones sociales de titularidad de dichas entidades en otras participadas, Oryza Capital, Gedesco Innovfin y Gedesco Finance«, holding de la financiera.

Y ello con la finalidad de «tener por cumplida la obligación de afianzamiento, solicitando del juzgado que se declare la suficiencia de la fianza, tras la valoración económica pericial establecida legalmente y cumplimiento de las demás formalidades o subsanaciones para los que fueren requeridos».

Petición de embargo de bienes de los investigados

Sin embargo, los querellantes, el fondo norteamericano JZI, por medio de su mercantil Gedhold presentó un escrito el pasado 16 de abril en la que se exponían las razones por la que consideran «inadmisible» la fianza ofrecida, y «en consecuencia su suficiencia para atender a las posibles responsabilidades civiles que en su día pudieran declararse». Por ello, los querellantes instaron al juzgado a que se decretara el embargo de bienes y derechos de los investigados.

El magistrado, en el citado auto, procede a la formación de tres piezas separadas de responsabilidad civil y, en cuanto a la fianza ofrecida, «y atendiendo a su objeto, a la identidad de los pignorantes (que no son en rigor, pese a la titularidad real que ostentan los otorgantes, los querellados sujetos a dicha obligación), al objeto de la misma en algún caso, (participaciones de la propia entidad Gedesco, cuyo valor cabe considerarlo expuesto a los avatares de este y otros procesos en curso)», solicita al fiscal delegado de Delitos Economómicos que «informe sobre idoneidad y suficiencia de la fianza».

En este procedimiento, el magistrado investiga hechos presuntamente constitutivos de los delitos continuados de administración desleal, de apropiación indebida, de revelación de secreto de empresa, de falsedad contable, de impedimento del ejercicio de los derechos societarios, de imposición de acuerdos lesivos y de falsedad en documento mercantil por los que imputa a todos los querellados. Además, investiga delitos continuados de estafa, que en este caso circunscribe a Miguel Rueda y Ole Groth.