LOBE, Ática, Metrovacesa y LandCo reclaman adaptar los precios de la vivienda protegida a la subida de costes

Las promotoras plantean las ejecuciones forzosas de suelos porque "los solares no pueden estar parados"

Alicia Mancheño, la delegada territorial en la Comunidad Valenciana del Grupo LOBE; Vicente Llácer, CEO del Grupo Ática; Pablo Andreu, director territorial de Levante de Metrovacesa y Rubén Rojas, director territorial de Levante de LandCo

Alicia Mancheño, la delegada territorial en la Comunidad Valenciana del Grupo LOBE; Vicente Llácer, CEO del Grupo Ática; Pablo Andreu, director territorial de Levante de Metrovacesa y Rubén Rojas, director territorial de Levante de LandCo

Representantes de las promotoras Grupo LOBE, Metrovacesa, Landco y Grupo Ática coinciden en una reclamación común al sector de la construcción y, en concreto, al de las promotoras: adaptar los precios de la vivienda protegida a la constante subida de los costes de materiales y demás aspectos relacionados con las obras.

Así lo han manifestado, en el marco del Congreso AIRE’25, Alicia Mancheño, la delegada territorial en la Comunidad Valenciana del Grupo LOBE; Vicente Llácer, CEO del Grupo Ática; Pablo Andreu, director territorial de Levante de Metrovacesa y Rubén Rojas, director territorial de Levante de LandCo en una mesa moderada por el director de la cátedra de Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), Fernando Cos-Gayón.

Mancheño ha expuesto que el problema de la vivienda en España es «tan gordo» que las promotoras en solitario no pueden solucionarlo y ha reclamado que las administraciones asuman el liderazgo en esta problemática social.

Algo en lo que Llácer ha discrepado: «No podemos dejar a la Administración que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Tenemos que rebelarnos ante los cambios que hacen cada cuatro años. No me quiero conformar con lo que haga la Administración».

Andreu, por su parte, ha criticado lo que a su juicio ha sido una «ausencia de política de vivienda durante muchos años» en España, a lo que se han sumado «trabas administrativas» y que la Administración «es lentísima».

En el caso de Valencia, el representante de Metrovacesa ha apuntado que «queda poco suelo» en la capital y, el que queda, se compone de «solares muy pequeños». Ante esta carencia, ha abogado por redirigir actividad hacia la rehabilitación y ha planteado las ejecuciones forzosas de suelos como otro posible instrumento porque, ha añadido, «los solares no pueden estar parados».

Rojas ha insistido en el papel de las administraciones y, en particular, de los consistorios: «Los ayuntamientos no han asumido que son los agentes urbanizadores. Sin el liderazgo de las administraciones es imposible sacar un planeamiento en un plazo razonable».

El CEO de Ática ha añadido a estas propuestas la de reconvertir suelo calificado como dotacional para la construcción de vivienda, algo en lo que sus compañeros de mesa han coincidido.

Vivienda protegida, precios y costes

En lo que sí ha habido unanimidad entre estos promotores es en la necesidad de actualizar los precios máximos de la vivienda protegida con el fin de que «se acerquen a los de la vivienda libre y los promotores quieran invertir en este campo», sobre todo ante el constante aumento en los últimos años de los costes de obra.

A este respecto, Pablo Andreu ha apuntado que «el dinamismo de los módulos es una buena medida», en referencia al sistema de cálculo anual del precio en función del comportamiento del mercado introducido mediante un decreto del actual Gobierno valenciano, aunque todos ellos han insistido en la necesidad de que realmente se aplique. «Si no se promociona el módulo dinámico no se va a construir vivienda de protección pública», ha dicho Mancheño.

Finalmente, han puesto en valor la función de los promotores en la construcción de vivienda protegida. «Parece que los promotores ganan mucho pero no es así, se está llevando mucho dinero los costes de construcción», ha dicho Rojas en este sentido.

Por su lado, Llácer ha concluido: «Los jóvenes que tienen trabajo y que han hecho bien las cosas no pueden acceder a la vivienda protegida, pero tampoco llega al precio de la vivienda libre. Hay un componente de labor social porque mucha gente no puede acceder a la vivienda si no es a través de la protegida».

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