Quiebra de La Cartuja Pickman: la Audiencia Nacional acepta la demanda a la Seguridad Social
La histórica fábrica sevillana busca recuperar su viabilidad tras reclamar daños a la Seguridad Social
La Cartuja Pickman acusa a la Seguridad Social de la quiebra
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La histórica empresa sevillana La Cartuja Pickman, conocida por su tradicional loza y porcelana, ha dado un paso decisivo en la defensa de sus intereses. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda presentada por la compañía contra la Seguridad Social, en la que reclama más de dos millones de euros por presuntos daños que habrían derivado en su quiebra. La admisión de este recurso representa un giro crucial en un proceso que se arrastra desde hace varios años y que pone de manifiesto las complejidades que atraviesan muchas empresas históricas ante las obligaciones tributarias y de seguridad social.
La demanda fue presentada por La Cartuja Distribución 1841 y Ultralta, propietaria de la fábrica, por una cuantía total de 2.080.505 euros. Ambas compañías alegan que la Seguridad Social les imputó una deuda de seis millones de euros correspondiente al anterior propietario, situación que obligó a solicitar un concurso de acreedores ante el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla. Según fuentes del caso, el silencio administrativo recibido por las reclamaciones iniciales condujo a la interposición del recurso, que ahora la Audiencia Nacional ha aceptado, ordenando la remisión completa del expediente administrativo en un plazo de 20 días.
Francisco Arroyo, socio de RSM y representante legal de las empresas, ha declarado que la cuantificación de la reclamación por daños patrimoniales es conservadora y razonable, subrayando que su objetivo es recuperar los recursos comprometidos por decisiones ajenas que, según la compañía, precipitaron su insolvencia.
Orígenes del conflicto: deuda histórica y concurso de acreedores
El conflicto se remonta a 2019, cuando la Seguridad Social derivó a La Cartuja Pickman una deuda de seis millones de euros, generando lo que la empresa califica como una insolvencia en diferido. Esta situación obligó a la compañía a solicitar el concurso de acreedores, buscando protección frente a ejecuciones hipotecarias y embargos. A pesar de recurrir ante el Tribunal Supremo, que dio la razón a la empresa en 2023, la combinación de la pandemia, la crisis energética y la falta de liquidez provocó graves problemas de tesorería.
En julio de 2024, el Juzgado Mercantil aceptó el convenio de acreedores y levantó el concurso, aunque la Agencia Tributaria y la Seguridad Social presentaron objeciones debido a deudas pendientes, que superan el medio millón de euros con la primera y casi 800.000 euros con la segunda. La pérdida del escudo protector del concurso llevó al embargo de cuentas, lo que terminó precipitando la liquidación de Ultralta en octubre, tras no poder cumplir con el convenio pactado.
La empresa se ha visto obligada a iniciar un proceso de venta exprés de su unidad productiva ante el vencimiento del ERTE de los 34 empleados el próximo 15 de diciembre. Esta venta requiere que los potenciales compradores conozcan la deuda exacta asociada a cada trabajador, información que hasta ahora la Seguridad Social no ha proporcionado de manera detallada.
El papel de la Seguridad Social y el auxilio judicial
La Tesorería General de la Seguridad Social informó que la deuda global acumulada asciende a 1,4 millones de euros, pero advirtió que necesitaría al menos 30 días para desglosar la información por empleado, un plazo que la empresa no puede esperar. Esta falta de colaboración ha llevado a la suspensión del proceso de venta, poniendo en riesgo la continuidad de la histórica fábrica y el empleo de sus trabajadores.
Ante esta situación, la administración concursal solicitó auxilio judicial para garantizar la preservación de la unidad productiva y la plantilla de 34 trabajadores. La jueza Ana Marín ha dado un plazo de tres días a Inspección de Trabajo y Seguridad Social para proporcionar un informe detallado y desglosado de la deuda, permitiendo a los inversores calcular correctamente la operación y mantener la plantilla.
El caso de La Cartuja Pickman pone de manifiesto las dificultades que enfrentan empresas históricas cuando se heredan deudas de propietarios anteriores. Además, evidencia la importancia de la cooperación entre administración y empresa para garantizar la continuidad de negocios emblemáticos y proteger el empleo en sectores tradicionales.
Impacto en la industria y en los trabajadores
La Cartuja Pickman no es solo un símbolo de la cerámica sevillana, sino también un referente industrial histórico en Andalucía, con más de 180 años de trayectoria. La interrupción de su actividad afectaría directamente a 34 trabajadores y de manera indirecta a toda la cadena de distribución y comercialización de la marca. La intervención judicial busca garantizar que estos empleos se mantengan mientras se resuelven las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
El proceso también abre un debate sobre la responsabilidad patrimonial de la administración, ya que la empresa sostiene que la deuda impuesta por la Seguridad Social habría sido un factor determinante para su concurso de acreedores. La Audiencia Nacional ahora tiene la tarea de evaluar si existió negligencia o mala gestión administrativa, y si corresponde compensar a la empresa por los daños ocasionados.
Con la admisión del recurso, La Cartuja Pickman obtiene un respiro legal, aunque el futuro inmediato de la fábrica sigue condicionado a la respuesta de la Seguridad Social y a la finalización del proceso de venta. Mientras tanto, los trabajadores y directivos esperan que se concrete la información de deuda individual, clave para la viabilidad de la operación de rescate y la preservación de un legado industrial que ha marcado generaciones.
En definitiva, la historia de La Cartuja Pickman refleja cómo tradición, industria y administración pública se entrelazan en situaciones complejas, y cómo la Justicia puede actuar como garante de la supervivencia de empresas históricas ante problemas financieros derivados de decisiones externas.
