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Unicaja se sienta de nuevo ante la Audiencia Nacional por los incentivos de 2023: 160 empleados afectados

Los sindicatos, que ya se han enfrentado antes al banco por este motivo, denuncian fallos en una herramienta de trabajo que consideran indispensable para alcanzar los objetivos

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, en Madrid el 9 de octubre de 2023, pocos días después de su incorporación a la cúpula directiva del banco.

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, en Madrid el 9 de octubre de 2023, pocos días después de su incorporación a la cúpula directiva del banco. Isabel Infantes / Europa Press

A Unicaja se le han atascado los incentivos de 2023. Después de haber pasado varios procesos judiciales y de negociación a lo largo de 2024, se ha vuelto a sentar frente a la Audiencia Nacional por el impago a unos 160 trabajadores de banca privada y ‘personal banking’. 

Según han denunciado más específicamente CSIF y Cesica, hay un colectivo dentro de la compañía malagueña que tiene cartera de clientes y una herramienta que no funcionaba correctamente a la hora de introducir a nuevos usuarios o manejar la cartera. 

«Lo que pidió a la empresa en las reuniones pertinentes previas»ha explicado la secretaria general de CSIF, Pilar Martínez, a Economía Digital, «fue que no se tuviera en cuenta el primer semestre de 2023 para la consecución de objetivos de ese grupo que manejaba las carteras», pues fue en ese periodo cuando el portal de gestión funcionaba a medio gas. 

Unicaja, por su parte, considera, y así se ha defendido en el juicio ante la Audiencia Nacional, que esos empleados «no necesitaban esa herramienta» para hacer cumplir los objetivos, pero sí admitió que el portal de trabajo no permitía meter nuevos clientes. 

Desde el punto de vista de la entidad financiera, quien quisiera reclamar el pago de sus incentivos por este motivo podía hacerlo demostrándolo y mediante «demanda individual». 

Finalmente, los sindicatos han decidido hacerlo de manera conjunta y están a la espera de una respuesta por parte del tribunal, que esperan que se resuelva favorablemente para las agrupaciones en un plazo de un mes. 

Cesica también se ha manifestado en esta línea a través de un comunicado: «Hay que recordar que, por causas ajenas a los empleados y no resueltas adecuadamente por la empresa, las incidencias, en la asignación de clientes a oficinas y/o carterización de clientes provocaron distorsiones en el cumplimiento de objetivos del año 2023 en diversos centros». 

573 millones de beneficio en 2024

Desde la perspectiva sindical, el pago «no le supone nada a la entidad, después de todos los beneficios que tiene en banca». En 2024, el banco malagueño registró un resultado de 573 millones de euros, un 115% más que el año anterior. 

Unicaja, que ha sido consultado en varias ocasiones por este periódico con razón del conflicto, se decanta por «no hacer comentarios» ante dichas denuncias. 

La controversia dentro de Unicaja comenzó a finales de abril de 2024, cuando la dirección del banco anunció en una comunicación interna que no se efectuaría el pago de la retribución variable de 2023 debido al incumplimiento de los objetivos fijados.  

Esta decisión provocó el descontento de los empleados, quienes desconocían las presuntas restricciones generales citadas por la entidad como razón para no efectuar el pago. El 31 de mayo se realizó un intento de conciliación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) que no logró un acuerdo entre las partes implicadas. 

Conflicto judicial

Tras el fracaso de la mediación, el conflicto derivó en un proceso judicial ante la Audiencia Nacional el 9 de octubre. En este juicio, el banco malagueño defendió su postura basándose en tres requisitos: que no se cumpliera el presupuesto del ejercicio, que los resultados obtenidos fueran positivos y que, además, superaran los de otras entidades comparables. 

Durante el juicio, Unicaja argumentó que no se habían alcanzado ninguno de los tres criterios exigidos, y que incluso la falta de cumplimiento de solo uno de ellos era suficiente para impedir el pago de los incentivos. 

Como respuesta, el tribunal determinó que la decisión del banco no se ajustaba a derecho. La entidad alegó que su normativa interna le otorgaba la facultad de modificar o reducir los incentivos, pero la Audiencia Nacional concluyó que esta modificación debía haberse comunicado de manera explícita en el plan de incentivos de 2023. 

Finalmente, la Audiencia Nacional resolvió que la política de incentivos de Unicaja no contemplaba criterios para suprimir el pago, sino únicamente para ajustarlo o reducirlo, lo que invalidaba el argumento del banco para no abonar la retribución variable. 

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