El debate sobre el servicio del agua debe tener en cuenta el sentido de lo publico, sin comportamientos sectarios. En la imagen la estación de tratamiento de agua potable del río Llobregat. ED

La mayor concesionaria de la Generalitat engorda su deuda con el erario

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ATLL cerró 2016 con una deuda de 777 millones con el gobierno catalán por el pago de la concesión del agua, un 3% más que en 2015

Xavier Alegret

El debate sobre el servicio del agua debe tener en cuenta el sentido de lo publico, sin comportamientos sectarios. En la imagen la estación de tratamiento de agua potable del río Llobregat. ED

Barcelona, 21 de junio de 2017 (18:00 CET)

La deuda de la concesionaria ATLL, controlada por Acciona, con la Generalitat sube en lugar de reducirse como consecuencia del pago del canon de la concesión. La compañía que gestiona el servicio del agua en el área metropolitana de Barcelona terminó 2016 con una deuda de más de 777 millones de euros con la administración catalana, 22,4 millones más que en 2015, según los datos que constan en las cuentas de 2016 de Aigües Ter Llobregat.

La mayoría de la deuda a largo plazo de la concesionaria es con el gobierno catalán, por el pago del canon de la concesión. La Generalitat adjudicó a finales de 2012 el servicio a un grupo de empresas liderado por Acciona por un periodo de 50 años, por unos 1.000 millones de euros. Cerca de 300 se pagaron en el momento de la adjudicación, y el resto se paga mediante anualidades. A esta deuda se suman las inversiones comprometidas en la infraestructura, de 139 millones en diez años.

A los 777 millones que debe ATLL a la Generalitat hay que sumarle 33 millones de impuestos impagados

Pasados cuatro años desde el inicio de la concesión (2013), ATLL tiene pendientes de pago 777,3 millones de euros, de los que cada año debe devolver más de 15 millones. No obstante, en el último año, en vez de reducirse, la deuda se ha engordado en 22,4 millones de euros (3%) como consecuencia de una actualización del canon, fruto de las inversiones pendientes.

A estos 777 millones habría que sumarle otros 33,35 millones que la Generalitat reclama a la concesionaria como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Es una deuda que viene de la concesión, un impuesto que ATLL debería haber pagado entonces pero que no satisfizo. Acciona recurrió el impuesto y está pendiente de la resolución judicial para hacer efectivo el pago o no. Con el ITP, la deuda de la concesionaria con el erario catalán superaría los 800 millones de euros.

ATLL mantiene ingresos pero gana menos

ATLL cerró el ejercicio 2016 con una cifra de negocio de 148,4 millones de euros, un 1,6% menos que en 2015. El beneficio neto cayó un 26%, hasta los 15,1 millones de euros, a causa de un incremento en las provisiones. El ejercicio fue estable para la compañía que abastece de agua a 5 millones de habitantes en Barcelona y su área metropolitana tanto en ingresos como en gastos.

Quien sacó tajada de los resultados, pese a ser peores que los de 2015 fue Acciona. La compañía de los Entrecanales controlaba un 39% de la concesionaria cuando, a principios de 2016, compró el paquete de su principal socio, BTG Pactual, por 74 millones y se alzó con una mayoría del 76% de la compañía mediante dos filiales. Además, José Manuel Entrecanales y Juan Ignacio Entrecanales tienen un 6% cada uno a través de sendas sociedades, con lo que el control de la familia llega al 88%. El resto está en manos de los Rodés, los Godia y el fondo londinense Pioneer.

ATLL ganó 15 millones en 2016, un 26% menos, pero Acciona se llevó más dividendo

La concesionaria repartió 14,7 millones de los beneficios en dividendos, por lo que Acciona se llevó más de 11 millones, más que en 2015 gracias al incremento de su participación. Con sus otras dos sociedades, los Entrecanales cobraron un dividendo de casi 1,8 millones.

ATLL sigue pendiente de la resolución del Tribunal Supremo sobre el futuro de la concesión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó que no era válida y que se debía empezar de cero, resolución que ATLL recurrió al Supremo hace casi dos años. Tanto la compañía como la Generalitat están pendientes de una decisión que puede costarles mucho 

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