La juez amplía la investigación por la quiebra de la CCC a toda la cúpula
La juez que instruye la denuncia contra la patronal de comerciantes catalanes CCC imputa por estafa a Rosa Eritja y toda la junta de la Confederació de Comerç
La quiebra de la que fuera la patronal hegemónica en el potente sector comercial catalán ya ha puesto ante el foco de la justicia a toda su cúpula. La juez que instruye el caso, tras varias denuncias por estafa y otros delitos y con investigaciones abiertas de fiscalía y de la Policía Nacional, ha imputado por presunta estafa a todo el comité ejecutivo de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) en el momento del concurso de acreedores.
No solo Miquel Àngel Fraile, ex secretario general de la organización, está siendo investigado, como adelantó Economía Digital. Según ha podido saber este medio, la titular del juzgado de instrucción número cuatro de Barcelona también admitió a trámite una querella contra toda la cúpula, formada por 12 miembros y encabezada por su presidenta, Rosa Eritja, además de Fraile y Rosa Serrano, esposa del ex secretario general y ex directora de formación de la CCC.
Rosa Eritja, presidenta de los comerciantes de Lleida, también presidía la CCC desde 2015, tras el fallecimiento de Pere Llorens, que había ocupado el cargo durante 30 años, desde la fundación de la patronal. También se investiga al ex presidente Manel Vila Roura, así como a Jordi Vilapriñó y Emiliano Maroto, presidente y secretario general del Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC), socios de la CCC.
Los presidentes de los gremios de cocina y baños, Josep Gaspar, de los carniceros, Xavier Gallifa, de los floristas, Joan Guillén, y de los recambistas, Juan José Rodríguez, el presidente de los mercados municipales de Barcelona, Faustino Mora, y los máximos responsables de la CCC en Tarragona, Agustí Figueras, las Terres de l’Ebre, Pascual Chacón, y la Catalunya Central, Jordi Martínez Seuba, también estaban en alguno de los órganos de gobierno de la CCC, por lo que están siendo investigados.
La quiebra de la Confederació de Comerç ya tiene 14 imputados: Fraile, Eritja y toda la cúpula de la patronal
La investigación es por estafa, por la misma causa por la que ya se admitió una querella contra Fraile por tres presuntos delitos –apropiación indebida, delito societario y falsedad en documento mercantil–. La desaparición de 1,6 millones de euros propiedad de unos 70 centros de formación y que la Confederació guardaba en una cuenta como garantía por si los cursos presentaban alguna irregularidad en el proceso de inspección.
Fraile exigía un porcentaje de los cursos a los centros, que variaba entre el 25% y el 5%, tras realizarse y pagarse el curso por parte de la administración correspondiente, como garantía por si, meses o incluso años después, se reclamaba parte del dinero por alguna irregularidad. El compromiso de la CCC era devolverlo cuando el expediente del curso se cerrara, pero cuando quebró, se supo que tenían dinero de cursos de 2004 para adelante, la mayoría ya cerrados. El dinero, sin embargo, no se encontró.
El administrador concursal de la patronal, que cerró su liquidación pidiendo el concurso culpable, consideró que el ex secretario general había constituido una estructura piramidal basada en los depósitos de garantía que pagaban las escuelas: con el dinero que entraba se iba devolviendo depósitos antiguos, y sospecha que se usó también para otros gastos. Este castillo de naipes se derrumbó cuando, a causa de la crisis, las subvenciones para formación se hundieron.
Algunos centros de formación denunciaron a Fraile y toda la última cúpula de la Confederació, y también lo hizo la Generalitat, y las querellas fueron admitidas a trámite. Pese a ser presentadas a principio de 2017, y admitidas en mayo y junio, la fase de instrucción se alargará, puesto que la juez ha declarado la complejidad de la causa, lo que da una prórroga para terminar las diligencias. Según fuentes conocedoras del caso, todavía hay más de una docena de carpesanos con documentación del caso por revisar y no se ha citado a declarar a ningún implicado o testigo.
Posible concurso culpable de la CCC
Aunque lento, este caso avanza en paralelo a la investigación del concurso de acreedores. El administrador presentó la liquidación, con unos activos de unos 10.000 euros para un pasivo de unos seis millones de euros. Pero, atendiendo a la reclamación de algunos acreedores, entre ellos el Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat, consideró en su informe que el concurso debía ser declarado culpable.
La declaración de concurso culpable puede terminar con la inhabilitación de Fraile y toda la cúpula de la Confederación, e incluso, en un caso extremo, podrían tener que responder con su patrimonio personal. La decisión depende del juez, que espera un informe de la fiscalía para citar a los presuntos responsables y dictaminar. Puede demorarse meses o años, si hay recursos.
