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La causa contra Miquel Àngel Fraile por la quiebra de la Confederació de Comerç se atasca en los juzgados: Fraile ni siquiera ha sido citado todavía

Xavier Alegret

Miquel Àngel Fraile, exsecretario general de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), imputado por la quiebra de la patronal, todavía no ha declarado.

Barcelona, 10 de noviembre de 2017 (04:55 CET)

Más de un año después de que la Confederació de Comerç de Cataluña (CCC) presentara concurso de acreedores y echara el cierre, su quiebra está atascada en los juzgados. Lo están las dos vías: la declaración de concurso culpable, pendiente del fiscal y del juez, y la denuncia contra Miquel Ángel Fraile interpuesta por varios centros de formación, pendiente del informe de la UDEF.

Siete centros de formación denunciaron a Fraile en enero, en la primera de al menos dos demandas contra el ex secretario general de la CCC. Casi diez meses después, el juzgado de instrucción que lleva la causa todavía no ha citado a declarar al demandado. Según fuentes cercanas al caso, en las últimas semanas, cuando debía acelerarse, se ha atascado a causa del procés independentista.

El procés ha revolucionado los juzgados. No solo la Audiencia Nacional y el Supremo en Madrid, sino también en Barcelona. Sobre todo, a partir del 1-O. Por ejemplo, las denuncias contra los diferentes cuerpos policiales a partir del referéndum, por parte de diferentes partidos, así como contra políticos, profesores, etc.

Estos casos están concentrando muchos esfuerzos de los jueces pero, especialmente, de los funcionarios de los juzgados, por lo que otros temas pierden urgencia. Ello explica que el caso contra Fraile esté avanzando más lentamente, según reconocieron fuentes judiciales, y que el ex secretario general de la CCC todavía no haya sido llamado a declarar para responder de los delitos que se le atribuyen.

El ‘procés’ satura los juzgados y hace que Fraile, denunciado en enero por la quiebra de la CCC, todavía no haya declarado

El caso ya empezó lento. La denuncia de los siete centros de formación se presentó en enero, e iba tanto contra Fraile como contra su mujer, Rosa María Serrano, ex directora de formación de la Confederació, y  toda la última cúpula de la patronal, encabezada por Rosa Eritja. Pero el juzgado de instrucción número cuatro de Barcelona no la admitió a trámite hasta junio, tras pedir varias aclaraciones, y solo contra Fraile por tres presuntos delitos: apropiación indebida, delito societario y falsedad en documento mercantil.

La causa de la denuncia era la desaparición de unos 1,3 millones de euros de los centros que la patronal guardaba en concepto de garantía. Fraile y Serrano exigían a los centros a los que contrataban la formación un porcentaje del curso, una vez realizado, como garantía por si la administración española o catalana detectaban irregularidades durante el proceso de auditoría del curso.

Este porcentaje, que llegó a variar entre el 5% y el 25% del coste total del curso, se depositaba en una cuenta de la CCC, con el compromiso de que, cuando el curso fuera totalmente aprobado, el dinero se devolvería a los centros de formación. Cuando saltó el escándalo del agujero en la Confederació, retenía 1,3 millones de las escuelas, como destapó este medio, y de cursos de hacía 12 años. Esta fue la primera sorpresa. La segunda, y mayor para los centros, llegó con el concurso, cuando el administrador constató que la cuenta estaba vacía.

Así, en junio el juez imputó a Fraile e inició la investigación, que encargó a la UDEF, la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional, para buscar los 1,3 millones de euros de los centros de formación. Fuentes cercanas a la investigación explicaron que se espera que el informe esté listo en las próximas semanas, lo que desencallaría el caso y lo haría avanzar.

El concurso culpable, pendiente del fiscal

Los presuntos responsables de la quiebra de la CCC tienen otro frente abierto: el del concurso de acreedores. El concurso se cerró con una deuda de seis millones y unos activos de solo 10.000 euros. Algunos acreedores, el mayor de los cuales la Generalitat, pidió el concurso culpable, y el administrador concursal hizo un informe en el que también lo pedía.

Tras recibir el informe del administrador, el juez de lo mercantil número dos de Barcelona encargó un segundo informe a la fiscalía, que si va en la misma línea, abrirá la puerta a que toda la cúpula de la CCC responda por su quiebra. En este caso, se responsabiliza tanto a Fraile como a Eritja y la última junta de la patronal. Pero todavía habrá que esperar, ya que estos procesos suelen ir para largo.

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