Extremadura blinda con más permisos al rey del jamón podrido. En la imagen, una partida de jamón podrido incautada por la Guardia Civil.

Extremadura da nuevas licencias al rey de la trama del jamón

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La Junta de Extremadura otorga nuevas licencias sanitarias al empresario con una nave jamonera clausurada por delitos contra la salud pública

David Placer

Economía Digital

Extremadura blinda con más permisos al rey del jamón podrido. En la imagen, una partida de jamón podrido incautada por la Guardia Civil.

Madrid, 02 de noviembre de 2018 (04:55 CET)

La Junta de Extremadura de Guillermo Fernández Vara (PSOE) otorgó permisos sanitarios a la empresa central de la trama del jamón en mal estado, que ha sido imputada por el juzgado de Fregenal de la Sierra (Badajoz) por delitos contra la salud pública.

La empresa Valle de los Valfríos, oficialmente dirigida por Francisco Cordero Gamero, recibió la autorización sanitaria de la Junta de Extremadura para abrir una nave de almacenamiento de jamón pocos meses después de que los servicios sanitarios detectasen graves irregularidades en la mercancía en mal estado.

Los inspectores y la Guardia Civil encontraron unas 200 toneladas de jamones y productos cárnicos en mal estado en un almacén conocido popularmente como la “nave de los horrores”, por la comida en estado de putrefacción y en pésimas condiciones higiénicas halladas en una nave de Higuera la Real (Badajoz), donde el producto estaba en contacto con larvas y moscas.

Los inspectores de la Junta de Extremadura clausuraron la nave en julio del año pasado y ordenaron la destrucción de unos 160.000 kilos de productos cárnicos. Poco tiempo después, el 17 noviembre del año pasado, la Junta de Extremadura autorizó un permiso sanitario en otra localidad de la zona: Zafra.

Nave de jamón clausurada, nave abierta

Valle de los Valfríos trasladó su actividad jamonera, investigada por la Guardia Civil y los juzgados, a una nueva nave en el polígono industrial de Los Caños, gracias al beneplácito de la consejería de Sanidad, presidida por José María Vergeles Blanca.

La empresa, que forma el núcleo central de la trama según los investigadores, recibió los permisos sanitarios que finalmente fueron otorgados por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Alimentación.

La Junta de Extremadura justificó en su momento que, al no existir una sentencia judicial, no le podían negar nuevos permisos sanitarios a los empresarios investigados por delitos contra la salud pública.

El permiso sanitario está registrado en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan, bajo el número de registro 10.26669/BA, según ha podido comprobar Economía Digital a través de los registros públicos.

Las explicaciones de la Junta de Extremadura

Este medio se ha puesto en contacto con la Junta de Extremadura para conocer los motivos por los cuales se conceden estos permisos a pesar de los precedentes de la empresa.

“Debemos tener en cuenta que esta empresa está imputada, aún en proceso judicial y por lo tanto todavía no condenada, por lo que no existe una causa legal para denegar la inscripción en el registro sanitario nacional”, explicó un portavoz de la Junta de Extremadura a Economía Digital. 

“No existe, ni ha existido, ni existirá ningún trato de favor con esta firma ni con ninguna otra. No obstante, los servicios veterinarios de inspección de salud pública, dependientes de la Dirección General de Salud Pública, mantienen una constante vigilancia de las actividades de almacenamiento y trazabilidad de las mercancías que se comercializan en este establecimiento, no poniendo en ningún momento en duda su profesionalidad y la honestidad con que se lleva a cabo su labor como control oficial”, explicó la Junta en una respuesta por escrito a este medio.

La trama empresarial del jamón podrido ha terminado en los juzgados de Fregenal de la Sierra (Badajoz) y Alzira (Valencia) con medio centenar de imputados. Ante el riesgo para la salud pública, los servicios sanitarios de la Comunidad Valenciana emitieron una alerta sanitaria para avisar sobre el riesgo de los productos hallados en mal estado. La Junta de Extremadura, por el contrario, ha minimizado el caso. 

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